Rafi Redondo

Coordinadora del Sector de la Intervención Social y Atención a las Personas de la FSC - CCOO Cataluña

Los servicios sociales en Cataluña son definidos en la Ley 12/2007 de 4 de octubre, como un conjunto de actuaciones orientadas a mejorar el bienestar del conjunto de la ciudadanía con el fin de "asegurar el derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de la vida, mediante la cobertura de sus necesidades personales básicas y de las necesidades sociales...". Así, nacen con voluntad de servicio público y de proximidad, clasificados en niveles según las necesidades de atención específicas y bajo el principio de universalidad en el acceso a estos servicios.

Y bajo este principio corresponde a los poderes públicos la responsabilidad de asegurar al conjunto de la ciudadanía un nivel aceptable de bienestar que permita vivir en condiciones dignas mediante el diseño de políticas públicas dirigidas a garantizar la cobertura de las prestaciones que contempla el Sistema Público de Servicios Sociales. Prestaciones tan diversas como la atención domiciliaria, servicios residenciales clasificados según el colectivo destinatario (personas mayores, niños y adolescentes, adultos), atención a la dependencia, servicios para personas con discapacidad, salud mental, prestaciones económicas, .. .

Si realmente nos queremos engañar, pensaremos que con la ley en la mano, disfrutaremos de las expectativas de vivir con la certeza de que si nos encontramos en una situación de necesidad social los poderes públicos responderán y nos darán cobertura. Pero también podemos echar un vistazo a nuestro entorno y comprobar cómo, desde que nos gobiernan los partidos neoliberales imponiendo políticas de austeridad que, está comprobado, han acabado beneficiando a quien más tiene en detrimento de quien más recursos necesita (curiosamente los ricos son más ricos y el resto somos más pobres), la premisa de que las personas tenemos "derecho a vivir dignamente" tiene la misma credibilidad que una rueda de prensa del Rajoy sobre cómo ha bajado el índice de desempleo.

En el contexto económico y social en el que vivimos, soportando una tasa de paro socialmente insostenible, con familias enteras sin ingresos para hacer frente a los gastos básicos para vivir al día, con la destrucción masiva de puestos de trabajo, la reducción de la protección social en las prestaciones de desempleo, con una tasa de riesgo de pobreza entre la población infantil superior a la de las personas adultas, es incontestable que la prioridad presupuestaria debe recaer directamente en las personas, impulsando políticas públicas que fomenten la cohesión social , dotando de financiación suficiente los servicios dirigidos a garantizar la cobertura de las necesidades básicas de la población con carácter urgente. Financiación que debe abarcar los recursos orientados a la protección de colectivos en situación de vulnerabilidad, de menores tutelados, de mujeres que sufren violencia machista. Estos colectivos han visto como, en el último año, se ha reducido el gasto destinado a la gestión de los recursos que, en el caso de los Servicios de Intervención Especializada en violencia machista ya sus hijos (SIE), el Departamento de Bienestar y Familia disfraza el recorte presupuestario de "reestructuración del modelo de los SIE", comportando la eliminación de puestos de trabajo que suponen una importante reducción en la atención a las usuarias ya sus hijos e hijas, en un momento en que los casos de violencia machista deben considerarse en un problema social de primer orden.

Éste es sólo un ejemplo de las carencias de un sistema donde prevalece un supuesto ahorro en gasto social, justamente cuando más incremento necesita, a la calidad de los servicios que, no olvidemos, son de titularidad pública y cobertura universal. Tampoco ayuda que la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) dé preferencia a en las adjudicaciones de los servicios a la presentación de ofertas económicas por debajo de aquellas que las propias administraciones han cuantificado como coste del servicio. Al carro se apuntan tanto las empresas mercantiles como aquéllas sin ánimo de lucro, esperando llevarse el gato al agua, presentando proyectos a precios más bajos que lo que las administraciones admiten poder pagar. Una subasta en toda regla con consecuencias devastadoras que comprometen la calidad de los servicios ofertados y afectan las condiciones de trabajo del conjunto de profesionales y, de rebote, con repercusiones negativas sobre la negociación colectiva.

Desde el Sector de la Intervención Social y Atención a las Personas de la FSC de CCOO trabajamos en la detección de aquellos pliegos de condiciones que regulan la prestación de servicios sociales que contienen cláusulas, por acción u omisión, que contravienen lo establecido en los diferentes convenios colectivos de aplicación. A menudo nos encontramos con la necesidad de presentar alegaciones a los pliegos que, consideramos, entran en contradicción con los acuerdos adoptados en los convenios que resulten de aplicación, o simplemente obvian la referencia al convenio sectorial correspondiente. Incluso, algunos cuantifican el coste del servicio a un precio hora razonable, pero la ley de Contrato del Sector Público (LCSP) establece unas reglas de cálculo para las que limita la rebaja de las ofertas presentadas por las empresas respecto del precio de salida. La limitación se calcula sobre la media de las ofertas presentadas en las que se suman unos puntos porcentuales determinados y el resultado se llama "baja temeraria". Toda una declaración de intenciones teniendo en cuenta que, cuanto más cerca de la baja temeraria, más difícil será prestar el servicio con el nivel de calidad exigible, y a la vez garantizar las herramientas necesarias para que las trabajadoras y trabajadores desarrollen sus funciones preservando unas condiciones de trabajo dignas.

La expresión máxima de lo que he expuesto lo encontramos en el último procedimiento para la adjudicación del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) de la ciudad de Barcelona. Es el caso más significativo por varias razones: por el volumen de horas de atención estipuladas y cuantificadas en más de un millón y medio de euros, por ser considerado por las propias empresas como un buen negocio, lo que más llama la atención es la virulencia de las ofertas presentadas llegando a concurrir a 14,67 euros la hora cuando el ayuntamiento estaba dispuesto a pagar 18, y, por último porque un año y pico después, las empresas adjudicatarias manifiestan tener problemas para garantizar la aplicación del convenio colectivo. Es evidente que en este escenario el conflicto está garantizado.

Las empresas y entidades sociales han encontrado en las administraciones un aliado para dinamitar la negociación colectiva, pretendiendo condicionar el resultado aquéllos que ellas mismas provocan en los procesos sujetos a contratación pública.

Hay un punto de perversidad en el hecho de concurrir a una licitación pública reventando precios, utilizar el argumento de que es el Gobierno quien recorta las partidas sociales para justificar que no se pueden hacer avances en la negociación colectiva, y al mismo tiempo reivindicar más recursos públicos para hacer las empresas viables económicamente sin permitir que ningún beneficio revierta en una mejora de las condiciones de trabajo.

¿Hasta qué punto alguien puede pretender sacar provecho de la gestión de un servicio poniendo en riesgo la finalidad del propio servicio que, per se es un beneficio público, obteniendo márgenes para la gestión a costa del propio beneficio público?. Pues parece que muchos dada la proliferación en los últimos años de empresas privadas y entidades sociales de nueva creación que nacen con la voluntad de gestionar este servicio y lo que es peor aún, que los poderes públicos sean los principales promotores de la degradación de un sistema de derechos sociales que constituye uno de los pilares del estado de bienestar. Se está perdiendo la finalidad de los servicios.

Desgraciadamente ésta no es la única amenaza que tenemos que afrontar. Está por ver la afectación que puede tener en los servicios públicos el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) aprobado recientemente por el que una multinacional podría optar a la gestión de cualquier servicio social a un precio muy inferior. Del mismo modo, habrá que ver si los gobiernos y los partidos políticos reaccionan a favor de las necesidades de la ciudadanía o, una vez más, prefieren responder a las necesidades del mercado.

Los servicios sociales no están en venta. Es público, es tuyo. Sálvalo!