Ignacio Muro

Economista, Escritor y Profesor de Periodismo en la Universidad Carlos III

El final de la crisis nos ha sorprendido (una vez más) sin que las fuerzas progresistas concluyan propuestas elaboradas de una nueva sociedad en la que el trabajo recupere valor y dignidad. Los compromisos de derogación de la reforma laboral en los programas políticos son vagos sin precisar qué puntos se cambiarán y cuáles no; las referencias al cambio de modelo productivo, un objetivo esencial para conseguir más calidad y estabilidad en el empleo, son imprecisas o ingenuas; las organizaciones sindicales asumen que están obligadas a “reinventarse”, tanto para hacer frente al deterioro de la negociación colectiva como por su asociación con episodios de corrupción o poca transparencia, pero esa necesidad sigue sin concretarse en programas.

Nueva “normalidad”, nuevos “consensos”. Nuevos poderes

El poder corporativo y de las élites financieras sale fortalecido mientras el trabajo sale debilitado. Se nos quiere hacer creer, como si fuera un axioma religioso, que vamos hacia una mayor desigualdad social, que debemos resignarnos a que la distancia entre capital y trabajo se agigante. Recientes análisis empiezan a apuntar que la singularidad del actual desarrollo tecnológico empuja, como norma, no hacia un tipo de trabajo más cualificado y mejor retribuido sino a una dispersión salarial que condenará a la mayoría de trabajadores a regirse por sueldos base cercanos a la subsistencia.

Ello no impide que los centros de poder sigan reclamando, desde las instituciones de los países más avanzados,  nuevas oleadas de desregulación del mercado de trabajo para favorecer nuevas versiones de trabajadores autónomos en torno a la figura del freelance. La “salida de la crisis” parece avisarnos que la precariedad laboral puede formar parte de una tendencia estructural y buscada del nuevo capitalismo.

Todos esos mensajes empiezan a dibujar los rasgos de la “nueva normalidad” que extenderá su vigencia en los próximos 20 o 30 años, “nuevos consensos” que intentan asentar y legitimar las nuevas formas de poder. En parte, los cambios en las relaciones de poder tiene componentes objetivos y, en parte, son subjetivos. En la medida en que mutan los poderes empresariales, cambian las mismas empresas, la organización productiva y las relaciones de producción.

El desarrollo de las fuerzas productivas conlleva una cada vez más compleja socialización de las relaciones del trabajo, de los intercambios de ideas, servicios y mercancías entre ciudadanos, empresas y sectores de todo el mundo. Los tiempos de trabajo se diluyen y ocupan todo el día, los centros de trabajo se dispersan y alejan, el trabajo asalariado pierde peso. Mientras el trabajo se atomiza y debilita como fuerza social, se acentúa la centralización del poder en pocas manos, tanto en empresas como en sectores, tanto en cada país como en todo el mundo.

Empieza a estar claro también el perfil financiero de los destinatarios favorecidos por el nuevo poder. E incluso algunos de sus rasgos: por ejemplo que, en la medida en que se centraliza y fortalece, el nuevo poder necesita difuminarse y ocultarse, que al tiempo que se sabe omnipresente, necesita hacerse invisible.

La nueva naturaleza de los conflictos y los contrapoderes sociales

Los movimientos sociales han asumido una dinámica de denuncia que  intenta dar respuesta a las manifestaciones más evidentes de ese poder cada vez que pierde su invisibilidad. Si los desahucios concentran la máxima inseguridad ciudadana, es en torno a ellos donde se configuran los primeros elementos de resistencia y ofensiva ciudadana contra el omnímodo poder de la banca. Si la corrupción se siente sistémica es en torno a su denuncia cuando nace la ocasión para revisar la calidad democrática de las instituciones y organizaciones. Si la privatización de la sanidad o la educación evidencian los deseos de rapiña de las grandes corporaciones, deben aprovecharse para una revisión de las nuevas formas de bien común y una recuperación del prestigio de lo público. Cada manifestación de un abuso se convierte en motivo para el nacimiento de energías regeneracionistas y de cambio con propuestas concretas.

No es extraño. Decía Foucault que los cambios en las formas de poder acaban impregnándolo todo, que modifican los comportamientos íntimos de cada sujeto: en la sociedad construye íntimamente al ciudadano, en las empresas, moldea al trabajador. Pero sus efectos tienen ida y vuelta, porque “el poder es un par de fuerzas que condiciona al que lo ejerce y al que lo soporta, al que domina y al que es dominado”. Y en la medida en que las formas de control y apropiación varían, también lo hacen la naturaleza de los conflictos y la naturaleza de las resistencias.

Dignidad del trabajo y democratización del sistema productivo

Desde el mundo del trabajo estamos obligados a acelerar los aprendizajes colectivos en torno a una ideología común que revalorice su aportación. Debemos estar en condiciones para aprovechar cualquier manifestación de insalubridad del nuevo capitalismo, para desarrollar una lógica de la recuperación del trabajo. Al margen de las batallas laborales diarias, al margen de las propias dinámicas regeneradoras del sindicalismo, cada vez que “un Blesa” o “un Rato” se hace visible, que “un escándalo” nos muestra las patologías de la “normalidad” del sistema productivo, estamos obligados a profundizar pronto en sus rasgos para aprender de posibles errores, acumular nuevas energías y diseñar nuevas alternativas.

Esa ideología común debe asumir que los cambios objetivos descritos provocan cambios en las percepciones del trabajador-ciudadano. Y es que, paradójicamente, aunque la sobreexplotación se instala en el mundo, el sentimiento de "estar explotado" se mitiga. En su lugar, en el interior de cada trabajador resucitan otras sensaciones que podemos identificar con las de frustración, exclusión, marginación, desprecio, indiferencia… La dignidad humana recupera protagonismo y empieza a estar relacionada con la capacidad para reconocerse como trabajadores y ciudadanos de forma indisoluble.

La democratización del sistema productivo está asociada a la lucha contra un modelo de empresa que, por un lado, deprecia (y desprecia) al trabajo como elemento central en la creación de valor, lo ningunea, y, por otro, sobrevalora la función del primer ejecutivo y su equipo como centro del poder absoluto, sin contrapeso alguno.

Hoy no es la propiedad, casi siempre difuminada y desinteresada en la gestión, lo esencial en el conflicto social sino la actuación de las minorías que conforman los núcleos duros del poder, diseñan el proyecto empresarial y asumen el control sobre las decisiones. Cualquier experiencia que facilite un aprendizaje en nuevas formas de participación y/o control social sobre la gestión, aporta más valor al desarrollo del progreso social que los debates abstractos que se quedan en el origen público o privado de la propiedad.

La importancia del análisis de experiencias concretas

Si las fuerzas organizadas del trabajo hicieran un balance completo de algunas experiencias recientes, como las referidas a la gestión de las Cajas de Ahorro, o la referida a la sanidad pública y los límites que deben establecerse para cualquier externalización de servicios o las relacionadas con la gestión de muchas empresas públicas; si de cada una de esas experiencias, y de muchas otras, se hicieran jornadas para extraer conclusiones y perfilar alternativas, estaríamos aprendiendo a gran velocidad sobre nuevas formas de participación y control social.

En general, son experiencias que ponen en evidencia comportamientos que tienen que ver con lo que la sociología empresarial denomina "problemas de agencia", de pautas de delegación y control del poder sobre los agentes que asumen el gobierno diario.

Si nos referimos a las Cajas, la participación de sindicatos, partidos y otros sectores ciudadanos en su gobierno corporativo no sólo se ha demostrado inútil como control social, que era su objeto, sino que ha servido para legitimar la política de rapiña generalizada que conocemos. Pero el problema no está en esa participación sino en cómo se produce. Está en los citados "problemas de agencia" implícitos  en toda delegación de poder: en que los cargos no se renovaban nunca, en que los representantes sindicales llevaban decenas de años allí, conviviendo con los Blesa de turno en una rutina imaginaria de poder; en que los que se decían representantes de los impositores eran una filfa que no representaban a nadie; que la renovación de los liderazgos sociales ha estado sometido a la lógica de las burocracias; en que una izquierda sin rumbo se inhibió de educar a la sociedad en una actitud "in vigilando".

Otra experiencia reciente, igualmente relevante, tiene que ver con la gestión de otros recursos esenciales, en este caso los de la sanidad. Es cierto que también desde las comunidades gobernadas por la izquierda en  Andalucía o Cataluña, la gobernada por el tripartito, se han producido externalizaciones de servicios más o menos centrales. Sin embargo, no está claro que se haya aprovechado esa experiencia para mejorar el diseño de la siguiente, no lo está, desde luego, si se sigue asimilando externalización a privatización, como si fuera lo mismo si el receptor es una gran corporación, una fundación, una cooperativa de médicos o de trabajadores sanitarios o una empresa pública. Es un típico ejemplo de que se confunde cuestiones funcionales (unidades centralizadas o descentralizadas, internas o externas) con cuestiones de gestión y control social (otra vez, los problemas de agencia) y con cuestiones referidas a la propiedad (pública o privada), el único criterio que admitimos para distinguir entre progreso y regreso.

Ese criterio hoy no es válido. Una falacia. Si la propiedad definida como pública lo fuera realmente, si la sociedad hubiera encontrado mecanismos de participación y control, con grupos sociales diversos que las representaran, con contrapesos internos y externos que garantizaran, al tiempo, renovación y continuidad, eficacia y participación, innovación y no solo gestión rutinaria, estaríamos más cerca de superar ciertas retóricas vacías sobre el progreso social.

La gestión de buena parte de las empresas públicas (y las televisiones públicas son sólo un ejemplo) demuestra que la titularidad formal no garantiza la defensa de un bien común ni de un interés general. Por el contrario, suele ser el reino de los gestores bien actuando como monarcas absolutos o al servicio del partido de turno. En esencia, un gobierno sin ningún contrapeso que garantice la continuidad de un proyecto, tampoco el accionarial puesto que el control recae en un  Consejo de Administración compuesto por funcionarios que cumplen una función de rutina, dispuestos a bendecir lo que proponga el gestor de turno.

Aparecen, una vez más, los problemas de agencia que nos lleva a plantearnos como debe ser el modelo de gestión de los intereses colectivos. Y cómo y de qué forma la sociedad (y por supuesto los trabajadores) debe estar representada, precisando cómo se eligen esos representantes, con qué criterios de valor y con qué fin, por cuánto tiempo.

Lo público debería ser la mejor representación de la democratización del modelo productivo, con un impulso puntero a la innovación, generador de  un clima laboral que facilite compartir objetivos para mejorar productos y procesos y crear riqueza. Un poder generador de un trabajador/ciudadano adulto y libre, lejos del comportamiento de siervo asustado y sumiso que es el arquetipo que, contra toda retórica, parece se nos quiere imponer desde el nuevo capitalismo.