“Sindicalismo en la postdemocracia”

Ricard Bellera

Secretario de Internacional, Migraciones y Cooperación de CCOO Catalunya

"La ciencia política profesionalizada tiende a subestimar la fuerza productiva que desarrolla a nivel político la indignación moral" (Wolfgang Streeck[1])

Las políticas de austeridad y el triunfo del programa económico neoliberal deslegitiman al estado como sujeto soberano y lo transfieren a la órbita de los mercados. Este giro copernicano en la relación entre democracia y capitalismo, destruye definitivamente la ilusión sobre la latencia de un contrato social que garantice la distribución justa de crecimiento y riqueza, y nos sitúa, como trabajadores y ciudadanos, ante la disyuntiva de ‘democracia o capitalismo’. El capitalismo sin democracia comporta una economía de mercado blindada contra cualquier corrección democrática y por tanto un dominio hegemónico que instrumentaliza el debate público y margina, controla y desorganiza toda oposición o alternativa ideológica o política. La democracia sin capitalismo sigue siendo, hoy por hoy, una entelequia atractiva pero poco sólida, a la que faltan referentes y modelos. El nuevo paradigma postdemocrático que emerge de la crisis precisa así, por oportunidad y por responsabilidad histórica, de una reflexión en profundidad por parte del sindicalismo de clase. Esta ha de permitir establecer hasta qué punto es posible corregir las actuales desviaciones, o es posible y necesario articular una transformación social y económica que recupere centralidad política para la democracia y el trabajo.

El modelo de ‘democracia social’ que comportaba una asimetría entre democracia y capital, y permitía que la política interviniera en la economía mediante la redistribución de la riqueza y el poder generados por esta, se extinguió hace algo más de treinta años. La alternativa, la democracia liberal, que pretendía evitar la interacción mutua entre capital y democracia, presentando al estado como garante de la estabilidad, y al mercado como garante de la generación de riqueza, se ha descompuesto a golpe de sucesivas crisis que nos han llevado al umbral de un tercer escenario. En este, bautizado por algunos autores como ‘postdemocracia’ (Crouch…) o democracia capitalista, la asimetría es inversa a aquella que emergió del contrato social de la postguerra y puso los cimientos de nuestro estado del bienestar. Ahora, los mercados determinan la agenda política y ponen límites evidentes a la intervención democrática por parte de la ciudadanía. La acumulación, el derecho al beneficio, la competitividad, la eficiencia o la austeridad se imponen sobre los derechos sociales, la capacidad redistributiva del sistema y el gobierno democrático de los recursos. La postdemocracia comporta así un escenario que altera en sus raíces nuestros principales fundamentos y valores:

1.- El estado deja de ser estado soberano, con capacidad de regulación fiscal e iniciativa política, para convertirse en un estado ‘deudor y deficitario’. Por una transformación tan improductiva como opaca, el dinero que antes ingresaba en forma de impuestos, ahora entra en las arcas públicas mediante créditos que entregan la iniciativa política en las manos de los acreedores. Esto se acompaña de un fuerte descrédito de lo público, que intenta emular la gestión privada en todo, menos en la eficiencia que se le exigiría a cualquier actor privado. El gobierno se convierte en una especie de idiota institucional[2] que asume que su gestión es menos eficiente que la privada, y reproduce en su acción de gobierno los valores, intereses  y estrategias del gran capital industrial y financiero.

2.- El primado de la economía financiera sobre la real se traduce en un auge de la cultura del riesgo y del cortoplacismo económico. El riesgo ofrece rendimientos insospechados a los inversores y gracias a principios como el del ‘riesgo sistémico’ que hace que existan actores intocables por ser ‘demasiado grandes para caer’, pocas veces pasa factura a los que lo han generado. El riesgo es a su vez un elemento de control social, al promover un condicionamiento constante de la clase trabajadora mediante la precarización de sus condiciones de vida y de trabajo que comporta dependencia e incertidumbre. La pobreza es un riesgo que se extiende y que compromete al individuo en su misma esencia, esto es, en su dignidad y autonomía.

3.- El ascensor social se ha parado o tan sólo funciona en una dirección. El modelo burgués en el que mérito y capacidad tenían una función de legitimación democrática, ha dado paso a una refeudalización de la economía[3] y de los valores. ‘El código moral del fin del milenio no condena la injusticia, sino el fracaso’[4] y el éxito se convierte en el eje central del reconocimiento social. La ética del trabajo vuelve a ser subvertida por la cultura del derroche y de la ostentación, característicos de la cultura aristocrática. La creciente acumulación de la riqueza y su transferencia, circunscrita preferentemente al círculo familiar, al clan o a un reducido entorno social, reedita la dicotomía de una sociedad en la que no tan sólo se heredan los privilegios, sino también la pobreza.

4.- En el estado postdemocrático las decisiones se trasladan a ámbitos que están más allá de la incidencia de votantes, partidos y parlamentos. La ‘extraterritorialidad’ de organismos o instituciones que escapan al control democrático como el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional o los consejos de negociación o cooperación de tratados internacionales, consolidan una cultura de la fuerza mayor de naturaleza claramente antidemocrática. Los órganos representativos pierden su soberanía sobre elementos centrales de la política fiscal y presupuestaria que pasan a regirse por el criterio de entidades supuestamente ‘independientes’ como las agencias de rating, u otros actores que persiguen no más que sus propios intereses.

5.- La paulatina deslegitimación del estado democrático funciona por dos vías. En primer lugar mediante la corrupción que emana de la frecuente proximidad de cargos públicos a intereses financieros y empresariales (puertas giratorias, contratación pública, privatización de recursos, precarización de derechos, redistribución inversa de la riqueza…). En segundo lugar mediante la naturaleza ‘invariable’ del sistema que no es capaz de autocorregirse y que mediante la ‘alternancia bipartidista’ o la ‘aritmética parlamentaria’ acaba alimentando la idea de que la democracia representativa es un secuestro de la soberanía por parte de una élite que se reproduce invariablemente y que genera una profunda desconfianza, distanciamiento y apatía política.

6.- La democracia pierde su narrativa y se convierte en ‘espectáculo político’ que es un fuego de artificio creado para distraer de la política real. Esta ficción, como relato de una lucha insaciable por el poder, organiza y concentra la vivencia democrática entorno al circo o epos democrático por excelencia: el proceso electoral. En este priman los debates hueros, la mercadotecnia política y por encima de todo el personalismo, en una cruenta competición por investir al candidato/a propio con una imagen de integridad y de firmeza, mientras que al contrario se le intenta hundir en el descrédito. El sentido final de esta puesta en escena es conseguir confundir este espectáculo de naturaleza frívola con el valor y la relevancia social de la democracia que tan mal ‘representa’.

7.- El ‘reduccionismo’ político característico de la postdemocracia margina, cuestiona u omite así elementos tan centrales como la participación, el pluralismo, el valor del consenso, el respeto a la minoría, la división de poderes o la legitimidad de la opinión pública a la hora de fijar los términos del debate político. La retórica del poder como actor preferente en la comunicación que escenifica el ‘juego’ democrático, imposibilita y evita un debate articulado en torno a cuestiones de fondo con proyección sobre la ‘realidad’ social. Reproduce así el carácter cortoplacista de una actualidad que no apela al juicio o a la conciencia crítica de la ciudadanía, sino a la aprobación moral de los que quedan relegados no más que al papel de espectadores/as y/o votantes.

Este nuevo panorama ‘postdemocrático’ comporta cambios estructurales que definen un nuevo paradigma social y político. Su irrupción se ha visto acompañada de un creciente autoritarismo en las formas (ley mordaza, nuevo código penal…) y de un esfuerzo redoblado por extender y reforzar la hegemonía ideológica y así prevenir, evitar y canalizar la reproducción social de movilizaciones y protestas. Por otro lado, a nivel europeo la impotencia y la indignación se instrumentalizan de manera creciente mediante consignas populistas de fuertes connotaciones xenófobas y con un discurso de cariz marcadamente antieuropeo. De una manera bien diferente, la indignación también se vehicula y organiza con fuerza en el marco de un compromiso ciudadano que se articula en movimientos e iniciativas que tienen la vocación de intervenir directamente en los problemas, y la voluntad de discutir y elaborar propuestas alternativas para frenar y superar la injusticia que inspira el modelo postdemocrático. La aspiración de consensuar propuestas integrales, de dignificar la política abriendo nuevos espacios a la participación democrática comporta, como en el caso del 15M, un fuerte potencial que no se resuelve en la institucionalización política de una parte de sus propuestas.

También en el plano sindical se plantean una serie de retos en buena parte heredados, pero cuya vigencia se ha vuelto más acusada en el marco de la crisis y del paulatino cambio de paradigma. En primer lugar está la transformación del tejido económico, empresarial y profesional que confronta al sindicalismo con un importante reto organizativo. La precarización y parcialización del trabajo, la creciente movilidad laboral y menor permanencia en un mismo centro de trabajo, la descentralización de la toma de decisiones, la externalización de partes enteras de la cadena de valor o la competencia entre centros de producción, precisan de una estrategia sindical diversificada, internacionalizada y cada vez más compleja. Tanto en lo relativo a la interlocución y negociación con una empresa que se presenta diseminada e intangible, como en lo que concierne a la necesidad de aglutinar a una fuerza de trabajo que experimenta una creciente fractura en sus condiciones y derechos laborales, el trabajo organizado ha de actualizar y adaptar sus propuestas a una realidad laboral en permanente cambio. Esta necesidad es común a todos los sectores, ya sean industriales, de servicios, o también en el marco de la función pública.

Ante esta nueva realidad el sindicalismo se ha de posicionar con unos instrumentos mermados a nivel legal y en el marco de una fuerte ofensiva que pretende deslegitimar su papel como interlocutor social. El ataque a la negociación colectiva, con una creciente descentralización y pérdida de garantías y de cobertura, el debilitamiento del diálogo social, o la presión creciente sobre los recursos existentes para la multiplicación y concienciación de la fuerza de trabajo, como la formación sindical o la tutela jurídica, comportan un desafío en toda regla. Esta ofensiva institucional se complementa con una estrategia de persecución sindical y de criminalización del conflicto que busca coartar la libertad sindical y desarticular su capacidad de respuesta. Finalmente en un tercer plano se persigue el descrédito del sindicalismo sociopolítico mediante una campaña de baja intensidad pero que se perpetúa desde hace años. Las acusaciones de burocratización y de coste para las arcas públicas, de corporativismo y defensa de privilegios, o de falta de capacidad de adaptación a los tiempos ‘modernos’, son algunos de los elementos que persiguen un desprestigio que también se promueve haciendo invisible o silenciando la ingente labor de análisis y propuesta que desarrolla el sindicalismo de clase.

La fuerte determinación con la que se pretende erradicar la capacidad de respuesta del sindicalismo sociopolítico muestra hasta qué punto éste es considerado hoy como una amenaza por el sistema, y define también su potencial transformador. Por un lado está el grado de organización que en el caso sindical es mucho más estable, diverso y completo que el de cualquier otro movimiento social o entidad de la sociedad civil y por tanto tiene más relevancia estratégica. Por el otro está el sujeto político del sindicalismo, el trabajo, que sigue siendo el único eje legítimo en torno al cual se puede redistribuir la riqueza y organizar la sociedad. Los problemas del mundo del trabajo siguen siendo de manera objetiva los más urgentes de la actualidad, y son la clave para generar confianza allá donde hay incertidumbre, y sostenibilidad allá donde tan sólo prima el riesgo ya sea social, productivo o financiero. Finalmente el sindicalismo es, mal que les pese a aquellos que orquestan su descrédito, una organización de carácter democrático y que por tanto pone en evidencia de manera flagrante el carácter antidemocrático del régimen neoliberal. El trabajo organizado es así uno los principales baluartes para poder hacer frente al paradigma postdemocrático y ostenta por tanto una especial responsabilidad.

Esta responsabilidad no puede definirse como una responsabilidad ‘política’, pero si como una responsabilidad ‘democrática’, tal y como la desempeñada en otros momentos históricos como el postfranquismo o de manera más reciente, en conflictos como el de Túnez. La debacle de la democracia representativa en el marco de la postdemocracia reclama un papel específico para los sindicatos. Estos se han de reivindicar frente a la lógica de subyugación a los intereses del capital como herramientas democráticas con legitimidad, capacidad y voluntad de transformación social. Para hacer posible esta vocación es necesario que el sindicalismo se cohesione como fuerza y sea capaz de articular una estrategia desde tres vértices diferentes, tres ejes que delimitan el espacio en el que desarrollar un sindicalismo que, por su vocación y por su propósito, pueda ser considerado un sindicalismo integrador dirigido al conjunto de la sociedad y por tanto un sindicalismo ‘amplio’. Estos tres ámbitos son los del mundo del trabajo, al que ha de representar en su conjunto, el de la confluencia social y política que permita tejer las necesarias alianzas para recuperar el ‘empoderamiento’ democrático, y la extensión y organización territorial, a la altura del grado de extensión y organización del capital.

Cuando el camino atrás, eso es, la reanudación o prórroga del contrato social de la  postguerra parece ya inviable, la necesidad de construir una alternativa que renueve y desarrolle la democracia deviene tremendamente actual. La crisis de soberanía en el marco de la democracia representativa, y su secuestro por parte de una élite que revierte de manera imparable el progreso social, demanda una estrategia ‘amplia’ en la que el sindicalismo ha de jugar un papel central. La iniciativa no puede ser depositada tan sólo en los partidos sino que ha de desarrollarse en un contexto dinámico y generoso de partidos, sindicatos, iniciativas y movimientos, que desborde el estrecho caudal de la democracia representativa para dar fundamento a una democracia ‘ampliada’[5] en la que se conjugue la representatividad parlamentaria con la democracia directa o participativa y se haga posible un nuevo proyecto cuyo impulso y alcance sea fruto de la voluntad de una ciudadanía y de una fuerza de trabajo bien informada y muy comprometida. El papel del sindicalismo aquí es el de aportar la perspectiva del trabajo, y con ella la coherencia, experiencia y capacidad para desarrollar de manera legítima y consensuada la democracia en el tejido económico y empresarial.

[1] Wofgang Streeck. Tiempo comprado. Berlin 2013. Pág. 222

[2] Colin Crouch. Postdemokratie. Suhrkamp. Frankurt am Main 2008. Página 58

[3] Sighard Neckel. ‘Refeudalisierung der Ökonomie. Colonia 2010.

[4] Eduardo Galeano. ‘Patas arriba’. Montevideo 1998. Página 22

[5] Democracia Ampliada. La transformación social en los países desarrollados. Madrid, 2014