Juan Manuel Tapia

Miembro del Consejo Nacional de la CONC y del CERES (Centre d’Estudis i Recerca Sindicals)

¿Qué Papel ha Jugado el Sindicalismo en el Desarrollo de Nuestras Modernas Democracias?

Pensar la relación existente entre el sindicalismo confederal y nuestras sociedades democráticas avanzadas; el presente de amenazas ciertas para la democracia, en este contexto de crisis y conflicto social y político; y dibujar a grandes rasgos escenarios alternativos; exige desvelar el proceso histórico, aunque solo sea a través de algunos episodios significativos, que desembocó en nuestro estado social, nuestro régimen de libertades y derechos sociales.

La historia de la izquierda social y política es la historia del desarrollo “cualitativo” de la democracia.

Es evidente que el movimiento obrero organizado, el sindicalismo de clase, y las distintas expresiones políticas de las izquierdas, necesitan de un marco de libertades para su existencia plena y desarrollo, pero la democracia no ha sido, ni es, un hecho instrumental, sino el resultado de nuestra propia existencia como sujetos en el proceso de lucha de clases.

Incluso cuando las estrategias de la izquierda se formularon como “dictaduras” democráticas, con resultados tan dramáticos y contradictorios con los objetivos políticos originales, la justificación era la superación de los límites de la democracia “formal”, y en escenarios de devaluación del propio sistema democrático, momentos de deriva autoritaria o situaciones de dictadura pura.

Aprovecho para reivindicar la permanente reflexión de la relación condicional entre los medios y los fines, lo que afecta tanto a nuestros grandes movimientos estratégicos, como a la acción sindical cotidiana o la negociación de un convenio colectivo, para los cuales la democracia tampoco tiene carácter instrumental.

Desde el sindicalismo tenemos la ventaja, a poco de que reflexionemos sobre nuestra naturaleza como sujeto social, que la democracia es para nosotros “un hecho constitutivo”, sin el cual no es posible coaligar las voluntades personales que tienen como resultado la acción colectiva que implica el sindicato.

Quizás por ello, la burguesía y el empresariado, desde los propios orígenes de la revolución industrial y el moderno conflicto social, estuvieron atentos a prohibir y reprimir el derecho de coalición obrera.  De forma tan temprana como 1791, y en plena revolución francesa, los jacobinos legislan en favor de la libertad de empresa y contra el asociacionismo obrero con la Ley de Le Chapelier.

Conviene no olvidar que el sindicato es expresión de la decisión democrática de “autorganización” de las personas trabajadoras, para ejercer una fuerza colectiva, una interferencia democrática y legítima, en las relaciones de trabajo. Mi mención a la “autorganización”  de las personas en el sindicato no es accidental. Creo que sigue siendo una pista útil para el crecimiento de nuestra organización y nuestra acción como sindicato. También para pensar los caminos que lleven, mejor temprano que tarde, a la unidad plena del movimiento sindical.

Conviene releer una pieza básica en la literatura sindical moderna, el “contrato moral” de José Luis López Bulla. Quizás sea el momento de que CCOO constituya, y abra al público general, con utilidades para nosotros mismos, una biblioteca virtual con documentos como el mencionado. El propio origen de CCOO es uno de los más nítidos ejemplos de “autorganización” de las personas trabajadoras.

Lo cierto es que la historia del desarrollo democrático de nuestras sociedades, tanto en lo político como en lo social, no puede entenderse sin la “genética” democrática de la izquierda social y política. Un proceso histórico protagonizado por las clases trabajadoras y populares, frente a las resistencias de las clases dominantes, un proceso de lucha de clases con su perfil propio en cada contexto temporal o espacial; con sus equilibrios diversos, de mayor o menor estabilidad en el tiempo, y lógicamente, vinculados a las distintas fases del desarrollo capitalista.

Sirva esta última reflexión para afirmar que nuestro estado social de derecho tiene una íntima relación con las fases más avanzadas del fordismo-taylorismo. Es el desajuste entre nuestra actual realidad político-social y la configuración de la nueva fase del desarrollo capitalista y sus lógicas dominantes, la revolución tecnológica y la globalización, que están impactando en las relaciones sociales de producción en todo el planeta, las que provocan los dilemas y amenazas con las que hoy nos enfrentamos.

Una nueva fase que, como nos recordaba recientemente Miquel Falguera, no abandona, sino al contrario, el taylorismo, porque éste es la expresión del autoritarismo del empresario sobre la empresa, o lo que es lo mismo, el problema del poder en las relaciones de trabajo y sobre la organización del trabajo, en disputa con el sindicato.

Una nueva fase de desarrollo capitalista que está en el centro de la actual crisis, y que, curiosamente, en pocos años, ha pasado del diagnóstico de Sarkozy, sobre la necesaria refundación ética del capitalismo, a las últimas declaraciones de Lagarde, sobre la existencia de suficientes márgenes para la continuidad del desarrollo del sistema. Lo de la curiosidad es sarcasmo, realmente se trata de advertir sobre las “terribles” condiciones materiales, sociales, políticas y jurídicas, en las que el capitalismo puede, y quiere, tener continuidad.

Considerar este hecho debe ser requisito necesario para esbozar alternativas, para ubicar en esas alternativas, desde lo general hasta lo cotidiano, el papel del sindicalismo en las estrategias de transformación social.

Volvamos a la historia del movimiento sindical,  dentro de los límites espaciales de un artículo como éste, para comprender nuestra impronta decisiva en la construcción del estado social de derecho y las libertades, y como nada de lo que hoy disfrutamos “nos ha caído del cielo”.

No se trata de un ejercicio de “historicismo”; se trata de ubicar nuestra realidad en el devenir histórico; si se quiere, de una visión de las cosas desde las “virtudes” del materialismo histórico, que es siempre útil para construir futuros.

La memoria histórica no pasa por buenos momentos, que eso sea así desde el campo de la derecha económica y política parece lógico, porque siempre han intentado ocultar sus propias vergüenzas; que se produzca similar fenómeno en el campo de la izquierda es “cretinismo” colectivo,  y un “adanismo” al servicio de intereses puramente personales. No es de recibo que algunos de los nuestros crean haber descubierto la esferidad de la tierra.

Hagámoslo a través de algunos, cuatro, episodios transcendentes e ilustrativos.

El primero, el gran movimiento que significó el “cartismo”.  Un movimiento popular, íntimamente relacionado con la clase trabajadora inglesa y sus primeras organizaciones sindicales, que se extiende desde 1838  hasta 1.848, que tiene como plataforma reivindicativa  eminentemente política y democrática, el sufragio universal masculino, el voto secreto, la renovación anual del parlamento –para evitar la corrupción-, el pago de un salario a los diputados –para permitir el acceso de trabajadores a la representación democrática-, y circunscripciones electorales que garanticen la proporcionalidad igualitaria de votos y representantes. No hace falta que indique la enorme semejanza entre aquellas reivindicaciones y las que hoy, 175 años más tarde, son problemas de nuestra propia agenda política.

El segundo, se refiere al hecho, evidentemente no casual, de que el primer derecho constitucional de asociación obrera, en la Constitución resultado de la revolución de 1868, La Gloriosa, se produce de manera simultánea con el derecho de sufragio universal masculino. Esta relación entre asociacionismo obrero y democracia tiene que ver con el hecho del nuevo protagonismo político de las clases trabajadoras, con la elección de los primeros diputados vinculados a ella y a distintas escuelas de pensamiento socialista, Fernando Garrido, posteriormente Francisco Pi y Margall, o incluso Fermín Salvochea, uno de los principales organizadores de la primera internacional y alcalde de Cádiz. Seguro que a Pablo Iglesias no le hubiera molestado esta referencia.

En el mismo sentido, y especialmente en Catalunya, cabe reflexionar sobre las relaciones triangulares y de compañerismo, entre los dirigentes demócratas más señalados, como Abdón Terradas, los dirigentes del primer obrerismo como Juan Muns y Josep Barceló, y la intelectualidad de nuestros propios socialistas utópicos, como Narcis Monturiol.

La identificación entre el movimiento obrero, catalán y español, y la democracia política y socialmente avanzada, es un hecho desde los orígenes, y esa democracia avanzada, solo podía ser, por el retraso capitalista de nuestro país, una democracia de transformación impregnada de socialismo.

El tercero, la república de Weimar de 1919, y el primer reconocimiento constitucional del derecho a la negociación colectiva –art. 165 de la Constitución de Weimar-, el nacimiento del derecho de participación de los trabajadores en la empresa y la democracia industrial, la primera constitucionalización del Derecho del Trabajo y del derecho sindical, los primeros pasos del estado del bienestar y los derechos humanos fundamentales de segunda generación, los derechos sociales vinculados al trabajo. Estas realidades están detrás del nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo, también en 1919.

Estas conquistas sociales y democráticas tienen su origen y explicación en los amplios movimientos revolucionarios del momento. No fueron en ningún caso pacíficamente aceptados, e incluso después de aceptados a regañadientes, y una vez pasada la oleada revolucionaria, los poderes económicos alemanes intentaron derogarlos a partir del más amplio movimiento de lock-out patronal que ha conocido la Europa moderna.

El cuarto, la participación de la izquierda social y política europea en la resistencia contra el fascismo, que explica la extensión de la constitucionalización de los derechos sociales y el propio estado social de derecho a partir de 1945, que se había iniciado en el Periodo de Entreguerras.  Nosotros vivimos nuestra propia experiencia, con la lucha antifranquista en la que es esencial la participación de CCOO, y que culmina, en la Constitución de 1978, la construcción de nuestro propio estado social de derecho, nuestra configuración constitucionalmente avanzada como economía social de mercado, y la constitucionalización de los derechos sociales.

¿Está amenazada la democracia, tal y como la conocemos?

Desgraciadamente, la respuesta es afirmativa. Existe un amplísimo consenso respecto del diagnóstico de lo que está ocurriendo. La nueva fase del capitalismo y el desarrollo de las fuerzas productivas, la globalización y la devaluación del papel regulatorio de los estados nación, la función dominante del capital financiero, y la extensión y profundización de los planteamientos ideológicos neoliberales, son el nudo neurálgico de nuestra crisis económica, social y política.

Una crisis con lógico perfil propio, pero que comparte con anteriores crisis capitalistas, como la del 29, algunos rasgos, ahora multiplicados, entre ellos el dominio de las lógicas del capital financiero, la generación de enormes desigualdades sociales y desempleo, y una amplia dimensión temporal. El crack del 29, fue un momento álgido de una crisis iniciada mucho antes. Fue el caldo de cultivo del “huevo de la serpiente”: el fascismo,  y  no finalizó de hecho, hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

Vuelven a emerger nuevos y viejos conflictos bélicos y el riesgo de su extensión; nacen nuevos riesgos globales para la humanidad, creados por la lógica del sistema y antes no imaginados, como los que implican los límites naturales del planeta, la crisis ecológica y el problema de la soberanía alimentaria; adquieren mayor virulencia los conflictos religiosos y el cuestionamiento del laicismo, sobre la base del integrismo, y en todas las culturas y tradiciones. También los conflictos nacionales mal resueltos.

La democracia, como expresión todo lo imperfecta que se quiera, del poder social, es un adversario, salvo que la manipulen dentro de unos límites admisibles para sus intereses y proyectos, de los poderes económicos que gobiernan la crisis, y sus mediadores políticos de signo diverso en las distintas áreas del mundo.

Existe, también, un amplio consenso sobre la ruptura del pacto social implícito tras la postguerra. Explícito, en todo caso, en las constituciones propias del estado social de derecho y sus instituciones, el desarrollo del estado del bienestar, la universalización de la sanidad y la educación, de los servicios públicos –incluidos los nuevos medios de comunicación social públicos, los servicios sociales, la protección social y un fortalecimiento de las administraciones públicas-, y un régimen de libertades públicas y sociales avanzado, que incluye el derecho del trabajo, el derecho sindical y las instituciones jurídicas asociadas como el derecho de huelga, y la exclusión del lock-out patronal y la prohibición de conductas antisindicales.

Un pacto por el cual, la izquierda social y política acepta no cuestionar la propiedad de los medios de producción, acepta la propiedad privada de la empresa y el gobierno de la organización del trabajo por el empresario, salvo el derecho de participación de los trabajadores y sus organizaciones, y los límites sociales de la economía que significa el interés general.

A cambio, obtiene el propio estado social del bienestar, la posibilidad de políticas económicas públicas, y en general, una fuerte intervención en las políticas de redistribución de la renta, sobre la base de una política fiscal progresiva, y claro está, las propias posibilidades de transformación social que ofrecen las políticas económicas públicas y el sistema democrático tan trabajosamente conquistado.

Umberto Romagnoli, describe este itinerario de conquista social del sindicalismo con una imagen gráfica, al mismo tiempo que épica, que habla de las generaciones de hombres y mujeres de mono azul y manos callosas que construyen los derechos sociales de ciudadanía, y del riesgo de perder la memoria de este viaje.

Este intercambio, este pacto, o este equilibrio ha sido roto por la evolución del propio sistema y las políticas neoliberales que lo sostienen.  Una ruptura a favor del mercado y la economía capitalista, de los poderes económicos.

Tres ejemplos significativos de esta ruptura, y la consiguiente devaluación democrática son, por un lado, la reforma constitucional “opaca” que supuso la adopción de límites constitucionales a la política presupuestaria del estado, y por otro, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 8/2015 en relación a la reforma laboral o, en el mismo sentido, el asedio a la democracia griega.

En el primer caso, con una reforma constitucional autolimitativa de la capacidad de las políticas económicas públicas, ya muy restringidas a partir de la transferencia de soberanía sobre política monetaria a la Unión Europea, sin ser acompañada por una verdadera política democrática europea sobre la economía de conjunto. Una reforma constitucional sin referéndum ciudadano y bajo la cortina de humo del verano para evitar un verdadero debate público.

La segunda, la sentencia 8/2015 del Tribunal Constitucional que da luz verde a aspectos importantes de la reforma laboral, en la misma línea que la anterior sentencia 119/2014, que de forma explícita plantea la subordinación de los derechos constitucionales fundamentales, en este caso, el derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva, a las exigencias económicas del actual contexto. Véase un análisis más detallado de ambas en el boletín jurídico sindical del CERES (Análisis de la sentencia del TC 119/2014, Análisis de la sentencia del TC 8/2015).

Esto es, además del abandono por parte del Tribunal Constitucional de su misión central como tribunal de garantías constitucionales, una manifestación clara de la ruptura de uno de los principios fundamentales de la democracia desde que fuera formulada por Montesquieu en 1748, en el Espíritu de las Leyes: el de la división de poderes, y la independencia del poder judicial.

Se trata de una reforma constitucional “encubierta”, y un paso más en el proceso de “desconstitucionalización” del derecho del trabajo.

Una pieza de acompañamiento a ésta deriva antidemocrática son los planteamientos de criminalización del ejercicio del derecho de huelga. Derecho de huelga que ha sido cuestionado recientemente en un gran debate en la OIT; lo que indica el carácter universal de los problemas de los que hablamos.

La tercera, el cuestionamiento, liso y llano, de la soberanía política del pueblo griego. El pronunciamiento democrático del pueblo griego, que implica una impugnación de las políticas neoliberales europeas, se ha convertido en un laboratorio de pruebas de la lucha contra los poderes no electos democráticamente que gobiernan la Unión Europea. La cuestión no es la de los límites que impone la Unión, sino la necesidad de un cambio desde las soberanías populares de los estados miembros, para afirmar una nueva soberanía democrática de los pueblos del conjunto de la UE, transformando social y políticamente Europa.

¿Qué reflexiones pueden ser útiles para el qué hacer?

Son reflexiones que hay que abordar de una manera integral e interdependiente.

La primera debe referirse a que no es posible hacer un viaje en el tiempo, al pasado, para recomponer, en los mismos términos, la situación anterior a la ruptura de los antiguos equilibrios políticos, sociales y económicos. Ni es posible ni deseable, en mi opinión, para la humanidad. Las razones son múltiples, y solo apunto algunas.

Aquella no fue una “edad de oro”; el mundo de los bloques que perpetuaba el dominio, en ambos, de la condición asalariada, con la transformación social real “hipotecada”, en una y otra orilla, con los déficits democráticos, no por singulares menos comunes, en uno y otro campo.  Con los riesgos bélicos catastróficos y la permanente amenaza al ecosistema planetario.

Pero lo determinante son las características de la nueva fase del modo de producción capitalista, que debe identificarse para construir cualquier línea de estrategia social y política alternativa: la globalización, la revolución tecnológica y organizativa de la organización del trabajo, que han configurado desde hace año, nuevas lógicas dominantes en el sistema y nuevos poderes en liza.

Cualquier alternativa debe ubicarse en la nueva realidad. Desde los objetivos que señalen grandes cambios generales, a los que diseñan transformar cuestiones más cotidianas, como la negociación colectiva, o la regeneración democrática del sujeto sindical, por poner dos ejemplos.

Eso da sentido al título de este artículo, defender la democracia hoy es la acción por su desarrollo cualitativo en la nueva realidad.

La segunda debe caracterizar nuestro papel en el diseño del futuro. El sindicato está legitimado, y lo estará más con su propia regeneración democrática y participativa, para redefinir su proyecto sindical y  actuar en la construcción del futuro. Una condición básica es mantener su propio perfil como sujeto social de la izquierda, su autonomía, su independencia, su representación de la continuidad de la centralidad del trabajo en las sociedades humanas, que constituyen el epicentro del proyecto sindical. No quedar atrapado, en la inmovilidad y la pasividad, de la expectativa del cambio político. Un cambio político, por otra parte, que no es posible en todos sus efectos, sin nuestra participación y compromiso.

Así, el sindicato tiene legitimidad para opinar sobre las grandes líneas de la reforma democrática necesaria. La necesidad de una democracia más participativa y nuevos instrumentos de consulta ciudadana. Nuevas exigencias de democraticidad  de los partidos políticos y sobre los compromisos que implican sus programas electorales. Sobre el sistema electoral, la proporcionalidad del sistema y la existencia de circunscripciones de proximidad. Sobre la financiación de partidos y organizaciones sociales. O en relación a la existencia de un laicismo efectivo, o una real división de poderes e independencia de la justicia.

Todas las políticas sociales y las políticas públicas son objeto de nuestro análisis y nuestra acción.

También la estructura del estado y el entramado institucional entran dentro de la esfera de nuestra opinión y nuestra influencia. Las libertades nacionales, el fortalecimiento del municipalismo. El único criterio exigible es el propio criterio democrático, y de defensa y respeto de la diversidad de opciones democráticas. Por eso la formulación del derecho a decidir es un acierto.

La tercera reflexión debiera referirse a la íntima vinculación entre aspectos de la democracia que el propio sistema ha intentado mantener inconexos. Soberanía política y soberanía económica. No puede existir una verdadera profundización democrática en lo político si de forma simultánea no se desarrolla la soberanía económica. Esto es un hecho desde los propios comienzos del capitalismo y expresa los límites de la democracia en la concepción del estado liberal. Justamente para superar esa situación nace el estado social de derecho, ahora amenazado.

La reversión en términos de poder de los actuales desequilibrios a favor del mercado y la economía, hoy tan evidentes. La formulación de nuevas reglas de control social y democrático del mercado y el mundo económico, exigen al sindicato y a la izquierda nuevos planteamientos. Desde 1981, y el programa común de la izquierda francesa, tan rápidamente abandonado, no se ha reeditado una alternativa seria, de consenso social e ilusionante como aquella.

Hay que repensar los límites del derecho de propiedad privada y del mercado, que hagan realidad la formulación de la economía social de mercado –si esa es la opción general ahora- y hagan efectiva la prevalencia del interés social y general. Límites desde lo institucional y constitucional, pero también, desde los poderes sociales. Hay que repensar el papel de las empresas públicas, y la gestión de los servicios públicos, el control público de los sectores estratégicos, incluida la banca y la necesidad de una banca pública, o el problema de los intereses privados que gobiernan los medios de comunicación social.

También es necesario replantear las formas de economía y propiedad social, y las nuevas experiencias de economía ciudadana o colaborativa, el voluntariado, etc., separando claramente el grano de la paja.

Nuestro papel representativo del mundo del trabajo solo es posible ejercerlo desde una representatividad real del conjunto del mundo del trabajo, tal y como se presenta en las actuales realidades económicas y sociales. El trabajo autónomo, el trabajo cooperativo, las diversas formas de trabajo hoy denominado informal, etc.

Un mayor desarrollo efectivo de la cuestión de la responsabilidad social de empresas, administraciones y organizaciones, es una pieza importante de esta operación.

Este renacimiento de lo social y ciudadano en la lucha por el desarrollo cualitativo de la democracia, debe generar el desarrollo de nuevos derechos sociales de ciudadanía, y la profundización de los que hoy son simplemente esbozos o afirmaciones importantes pero retóricas. Nuevas formulaciones de derechos que tienen que impregnar las reformas constitucionales y el propio desarrollo constitucional europeo.

En este amplio movimiento es necesario continuar profundizando la relación entre el sindicalismo y los movimientos sociales y plataformas ciudadanas. También es preciso extender y desarrollar nuestra convergencia con el mundo del conocimiento más diverso y la cultura.

En este terreno, desde la perspectiva más específica del sindicato, es urgente volver a poner en nuestra agenda la cuestión de lo que se ha denominado históricamente la democracia industrial. Y hacerlo desde la nueva realidad de las empresas, desde las nuevas concepciones de los derechos de las personas diversas en el mundo del trabajo, desde nuevos derechos sindicales y colectivos en la organización del trabajo tal y como se configura hoy en los nuevos paradigmas organizativos y tecnológicos. Derechos proactivos que garanticen el poder sindical en el proyecto empresarial.

Ésta es una parte esencial del proyecto sindical para la reforma del sistema de relaciones laborales y de trabajo. Un sistema que precisa de nuevas reglas de representatividad del sindicato, de un nuevo sistema de elecciones sindicales que amplíe su capacidad democrática de forma inclusiva para las personas de la pequeña empresa que ahora están prácticamente excluidas, de un mayor desarrollo del sistema extrajudicial de solución de conflictos que amplíe su actuación a la esfera de la prevención y asesoramiento, que garantice un mayor poder de la autonomía colectiva.

No cabe duda de que la reforma del sistema de relaciones de trabajo precisa de la reversión y cuestionamiento de los cambios operados por las contrarreformas laborales, pero la alternativa no puede ser la simple “vuelta atrás” porque el sistema desde hace tiempo necesitaba y necesita de una verdadera reforma para vincularlo a las nuevas realidades y para hacer efectivo un verdadero proyecto sindical de reforma democrática del sistema.

Un reciente artículo de Antonio Baylos, accesible desde nuestro Boletín Jurídico Sindical del CERES,  ofrece interesantes pistas y reflexiones sobre esta reforma, y la necesaria reconstitucionalización del derecho del trabajo.

La cuarta reflexión que propongo tiene relación con la necesidad de continuar avanzando en ubicar nuestro proyecto sindical, con carácter estratégico, en la realidad de la globalización.

Las actuales limitaciones de los estados nación, no puede suponer una negación de sus aún enormes potencialidades para el cambio. Ahora bien, el sindicato no puede obviar estas limitaciones, pero su acción en el ámbito de los estados nación debe concebirse como una contribución a un proyecto más general, en nuestro caso, el de la democracia y la dimensión social europea, que hay que seguir construyendo en nuestra Confederación Europea de Sindicatos. Al mismo tiempo, que hay que hacerlo desde una perspectiva de carácter global e internacional.

Necesitamos ese proyecto de reforma de las instituciones de la Unión Europea, necesitamos un proyecto internacional del sindicalismo para la reforma de la OIT, o aportar la contribución del mundo del trabajo a la reforma de Naciones Unidas

La quinta y última, más que una reflexión es una pregunta. ¿Puede el sindicalismo diseñar un proyecto sindical de regeneración y reforma democrática, sin hacerlo desde la propia profundización democrática del sindicato y de su acción colectiva? Creo que no. El proceso de Assamblea Oberta, programado por CCOO de Catalunya, debe ser una oportunidad para analizar, de forma abierta a las personas afiliadas y a la sociedad, el alcance de los cambios necesarios.

Sabemos que el capitalismo puede sobrevivir en un escenario de democracia y libertades devaluadas, en sistemas políticos que niegan derechos democráticos básicos, como el derecho de libertad sindical y de negociación colectiva. Es más, hoy parece que ésta es una opción elegida para su supervivencia. Hace tiempo que el capitalismo abandonó el mito de su identificación con la libertad y se muestra progresivamente inadaptado a la democracia, porque la democracia y su desarrollo cualitativo, en el fondo, lo impugna como sistema.