Ramón Górriz Vitalla

Secretario Confederal de Acción Sindical de CCOO

Promover un cambio de patrón de crecimiento que combine la política industrial, la política energética, la I+D+I, la política educativa para que el crecimiento económico sea sano y no vulnerable ante los cambios de ciclo; sostenible en términos económicos, sociales y ambientales, es una necesidad para la sociedad.

Este cambio exige una reforma fiscal que garantice el carácter progresivo de la recaudación y que esta sea suficiente para disponer de los recursos necesarios a fin de impulsar un plan de inversión para generar actividad productiva, establecer un modelo social y recuperar el empleo y los servicios públicos.

El grave impacto de la crisis económica en España es efecto del modelo productivo sobre el que se asienta el modelo económico y social, un modelo en el que los gobiernos, siguiendo las orientaciones del capital han apostado por situar a la economía española entre las que compiten,  vía precios y salarios, en productos de bajo valor añadido.

Por ello el cambio de modelo productivo es una prioridad de país, si se quiere que el crecimiento económico  y el del  empleo se construya sobre bases sólidas sea menos vulnerable al cambio de ciclo.

Se debe exigir a los Gobiernos la puesta en marcha de políticas, globales y estructurales, orientadas al  cambio de modelo productivo, porque la reactivación económica, la creación de empleo estable y de calidad, la protección social y cohesión social y el cambio de patrón de crecimiento van unidos y están interrelacionados.

Por tanto hablamos de una estrategia de conjunto. Un cambio real en el modelo productivo supone también una reforma del tejido empresarial dirigida a conseguir mayor dimensión e internacionalización de las empresas.

La crisis ha puesto de manifiesto, una vez más, las debilidades del tejido industrial, así como la renuncia de los diferentes gobiernos a establecer un horizonte a largo plazo para sus actuaciones, en la idea de dejar que sea el mercado el que defina el modelo productivo.

Ello ha llevado a la renuncia del protagonismo del sector público empresarial a la construcción  de  sectores innovadores necesarios para un nuevo modelo productivo y también a la ausencia de políticas industriales.

Así no hay cambio de modelo productivo, no hay política industrial, ni energética que garantice la suficiencia de suministro, la sostenibilidad medioambiental y un coste competitivo de la energía; se reduce la inversión en I+D+i, y en las tecnologías de la información y la comunicación ( TIC) en los procesos productivos; no hay planificación en la puesta en marcha de las infraestructuras necesarias, ni impulso del ferrocarril y las intercomunicaciones, ni promoción de la agrupación y colaboración de empresas para favorecer la actividad exportadora. Se empeora la calidad del sistema educativo (Lomce), en especial la formación profesional, sin vincularla a la realidad productiva, sin apostar por la formación a lo largo de la vida, ni como un factor de estímulo para la productividad y competitividad de las empresas.

La crisis actual ha vuelto a poner en evidencia el escaso peso del tejido productivo español, nueve puntos por debajo de Alemania. A esto hay que añadir la pérdida brutal de empleo. La industria ha sufrido en mayor grado los efectos de la crisis en el empleo, sólo superada  por el sector de la construcción.

La industria española ha pasado del 18,7% del PIB en el año 2000, al 16,1% en el 2013, alejándose del objetivo del 20% en 2020, lo que ha supuesto que el empleo industrial pasara del 18,4 % al 12,5 % en ese periodo.

El sistema energético español se caracteriza por el predominio del petróleo y del gas, lo que determina un alto grado de dependencia del exterior, con un grave impacto  negativo en la balanza de pagos y un nivel de emisiones que hay que recortar sustancialmente para cumplir los compromisos contra el cambio climático. En cuanto al Mercado eléctrico, los problemas estructurales que arrastra no se han afrontado en la reforma eléctrica de esta legislatura, al haberse orientado ésta casi en exclusiva a la reducción del déficit de tarifa.

El gasto en I+D+i baja, lo que nos separa más de la media de la UE, y en lo que se refiere a la inversión en infraestructuras  y equipos de transporte, se ha avanzado al disponer de unas redes más amplias y modernas, pero con claros excesos y proyectos faraónicos e infraestructuras redundantes y, además, con algunos déficits y atrasos clamorosos como sucede con el transporte de mercancías por ferrocarril. A todo ello hay que añadir una inversión insuficiente en mantenimiento de infraestructuras existentes.

Las exportaciones españolas se caracterizan por concentrarse en pocos sectores y tener una baja diversificación geográfica al estar concentradas en la UE y en América Latina y por el escaso peso de las actividades de valor añadido. Ahora bien, estas empresas se caracterizan, frente a las no exportadoras, por un empleo cualificado y de mayor productividad así como de mayor intensidad de capital e innovación.

Se debe considerar que la política industrial es un elemento estratégico  para conseguir el cambio de modelo. La industria es clave para explotar la nueva economía del conocimiento y como motor de crecimiento y cohesión social.

La industria genera empleo estable, impulsa la inversión privada en I+D, demanda servicios empresariales y suministra recursos a estos servicios. La interacción entre industria y servicios incrementa la competitividad de una economía y su balanza comercial. Por todo ello la política industrial no puede ser un mero instrumento de acompañamiento de las políticas de ajuste de los mercados, papel que le asignan el conjunto de los gobiernos y administraciones.

La inhibición de  los gobiernos, supeditados a la máxima liberal de que sólo deben corregir  los fallos del mercado, deja en manos de las empresas multinacionales las decisiones estratégicas y  contribuye a acrecentar las dificultades de promoción de los sectores y empresas más determinantes para el desarrollo económico y social.

España necesita otro modelo productivo que ponga en marcha una política industrial acordada e impulsada por el Gobierno central y los gobiernos autonómicos, así como por las organizaciones empresariales y por los sindicatos, a partir de un marco institucional adecuado. El desarrollo económico e industrial exige aprovechar las ventajas actuales, incorporar los cambios necesarios y realizar importantes apuestas.

Hay que pasar de un modelo que compite en bajos salarios, escasa formación, baja productividad, organización de la producción jerarquizada, mercados rígidos… a otro orientado a salarios dignos, empleo estable y de calidad, cualificación permanente, elevada productividad, organización de la producción flexible y con participación de los trabajadores, así como mercados más diversificados.

Desde la política industrial se debe evitar que la política de rentabilidad de las empresas se base en la externalización de actividades y riesgos, en la adquisición de productos semiterminados, en la reducción y precarización del empleo a través de políticas de subcontratación, o sea, se fundamente en la reducción de costes. Hay que promover la generación de redes de empresas que estén cualificadas por la calidad global de productos innovadores.

La industria en nuestro país debe transitar a un modelo que utiliza menos mano de obra intensiva, que genere productos de mayor valor añadido, que sirvan para incrementar el empleo y la productividad.

Solo esta estrategia industrial puede reducir el paro y la precariedad laboral que desanima la inversión en cualificaciones estratégicas y que repercute gravemente en los costes económicos, sociales e incrementa los accidentes. Con ello se puede evitar el deterioro del medioambiente, la formación de burbujas especulativas  alrededor de nuevos sectores. Y de esta manera se puede avanzar en la investigación, el desarrollo y la innovación. Junto a todo ello se debe corregir una política fiscal equivocada y apostar por otra alternativa que alinee el interés individual con el colectivo, el corto plazo con el medio y sea compatible con la suficiencia fiscal y el desarrollo estructural del tejido productivo.

Salir de la crisis es impulsar un nuevo modelo industrial que, garantizando la sostenibilidad dinámica del empleo y el tejido productivo actual, contribuya a un nuevo modelo productivo (nuevos sectores de alta y media tecnología) que mejore la productividad, incremente  el I+D+ i , que impulse una organización del trabajo flexible junto a una distribución y creación de empleo de mayor calidad y estable, lo que potenciaría una mayor cohesión social y territorial.

Es necesaria una política industrial opuesta a la globalización sin restricciones, sin regulaciones políticas, sociales y económicas, opuesta a los determinismos ideológicos implícitos en muchas de las "exigencias de la mundialización", frente a los cuales hemos de remarcar que  la globalización no constituye un sistema mundial autónomo donde la economía escapa, y debe escapar, a la política. Al contrario, la transnacionalización de la economía abre nuevos desafíos para la actuación política.  La prueba es evidente: intentar sostener el tejido productivo por medio de la competencia en salarios, de la reducción de las cotizaciones sociales y de la desregulación de los derechos sociolaborales, además de precarizar y empobrecer la vida de la sociedad, no evita la existencia de países que continuarán subordinando sus políticas sociales y los derechos a las exigencias de los mercados internacionales.

Por lo tanto, el objetivo es dar un impulso al crecimiento económico sostenible, a partir de políticas industriales concretas en las empresas y sectores, una vía incompatible con la degradación de las condiciones de vida y trabajo.

Ocho años después del inicio de esta gran recesión, los trabajadores siguen sufriendo a causa de las incertidumbres económicas y sociales. El grave desempleo, la precariedad, la desigualdad y la pobreza están arruinado la vida de muchas personas. Superar la recesión y el débil crecimiento de la economía, devolver la esperanza y la confianza a la gente es la tarea más urgente a la que se tienen que enfrentar los gobiernos. Urge un giro social y una nueva política económica.

Es indispensable un plan de inversión masiva para que la economía inicie un crecimiento sostenible y genere  empleos de calidad, para conseguir a una sólida base industrial, desarrollar buenos servicios públicos y un modelo social inclusivo con sistemas de protección suficientes y eficaces, así como instituciones de investigación y de educación innovadoras.

Las aspiraciones y reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de la sociedad española pueden y deben hacerse realidad.

Barcelona, 28 de Abril de 2016