Isaura Navarro Casillas

Diputada a Las Cortes Valencianas por Compromís, abogada de CCOO PV en excedencia

La ciudadanía sustantiva

El peso de las grandes luchas por la emancipación de la ciudadanía en su condición de clase trabajadora siempre ha recaído en los sindicatos de clase que, con sus errores y aciertos, libran una dura batalla frente a la hegemonía neoliberal.

A lo largo de la historia, a las demandas sindicales de defensa, protección y respeto de los derechos de los trabajadores se han sumado las reivindicaciones de mayor democracia. Hoy, nacidas de una ciudadanía que se siendo ignorada y vilipendiada por los poderes públicos, una ciudadanía que ha observado como el dinero de sus impuestos –en un modelo fiscal en el cual la clase mediana es quien más aporta y sustenta la recaudación fiscal- ha dejado de destinarse a las políticas de bienestar y, por lo tanto, de igualdad social, para dirigirse al rescate de las entidades bancarias. Éstas, carentes de cualquier perspectiva social los han desahuciado, negando préstamos, estafando con la venta de acciones preferentes y cobrando comisiones hasta la asfixia.

Esta coexistencia de reivindicaciones no es más que dos voces para una misma demanda, que sitúa al ciudadano como protagonista y titular de los derechos que le corresponden como tal y también como trabajador. De manera indivisible, la ciudadanía comprende la suma de los derechos sociales, políticos y civiles. El resultado: la reivindicación de democracia real es la suma de estas múltiples demandas, la suma de luchas que tienen que cohesionarse y trabajar de manera coordinada porque el objetivo es el mismo y la batalla es titánica. Los derechos laborales se suman a los derechos políticos y civiles, y conforman la ciudadanía. No hay democracia cuando alguno de estos derechos se tambalean. No hay ciudadanía cuando se vulneran.

De hecho, los avances producidos a partir del S. XIX en la conquista de la ciudadanía como conjunto de derechos se deben en parte al uso colectivo que los sindicatos realizaron de los derechos civiles en el ámbito industrial, sumándose a los derechos políticos en proceso de conquista. Esta vertiente de la ciudadanía propia del ámbito laboral impregnó al conjunto de la sociedad, impulsando la institucionalización de los derechos frente a su consideración como algo puramente individual (concepción más propia del capitalismo del momento).

No es de extrañar, pues, que una de las batallas bregadas por el capitalismo neoliberal sea devolver a la concepción individualista de los derechos en el ámbito laboral, como demuestra la última reforma laboral de 2012 que promueve los pactos individuales y de empresa, frente a la institucionalización de los derechos mediante la negociación colectiva. Ésta sufre un profundo ataque con el objetivo de extraer al mayor número posible de trabajadores y trabajadoras del ámbito de protección del convenio colectivo.

Precisamente, la extensión de la llamada clase mediana institucionalizó esta nueva reivindicación colectiva de carácter instrumental: el colectivismo instrumental, la unión de esfuerzos como un medio para conseguir finalidades individuales, intereses personales que afectan a colectivos, un modelo de lucha que hoy perdura en la forma de movimientos sociales, que es muy diferente del que representan los sindicatos de clase, en los cuales el fin y meta colectiva es mejorar la vida de toda la ciudadanía a través del incremento del bienestar, protegiendo las políticas públicas de sanidad, educación y servicios asistenciales, promoviendo la igualdad económica con medidas fiscales y defendiendo la propiedad pública.

Los derechos laborales se suman así a los derechos políticos como partes fundamentales de la ciudadanía. Los sindicatos son, por lo tanto, actores fundamentales en esta batalla que se brega, en tensión permanente entre la institucionalización de los derechos y el individualismo, entre el estado social protector y el capitalismo del “sálvese quien pueda”, donde los periodos de crisis han servido más para su rearme que para su declive.

No tenemos que olvidar que los mismos que vacían de contenido el Estatuto de los Trabajadores, reforma laboral tras  reforma laboral, son aquellos que aprueban leyes mordaza y se niegan a incorporar la dación por pago a nuestro marco jurídico. Aquéllos que encarcelan a sindicalistas. Aquéllos que imponen el copago farmacéutico y niegan la sanidad a las personas inmigrantes no regularizadas, o imponen un modelo educativo excluyente y no integrador. Aquéllos que inventan tasas para impedir el acceso a la justicia a los humildes. Aquéllos que alternan cargos de gobierno con lugares en los consejos de administración de las empresas que en su momento fueron públicas, que tienen que suministrar necesidades básicas y que obtienen beneficios millonarios mientras cortan la luz o el gas a las personas más humildes sin ningún pudor. La misma batalla se brega en lugares diferentes y los afectados son los mismos: la clase trabajadora.

Desmantelan los derechos laborales al mismo tiempo que van derogando los derechos políticos y civiles. Atacan a los sindicatos para que pierdan su influencia social utilizando los medios que poseen, con una profesión periodística mercenaria en gran medida y totalmente en declive.

La quiebra de esta democracia, a través precisamente de las decisiones de los gobiernos, ha traído la crisis de ciudadanía y de la clase política, vista esta última como un instrumento o de poca utilidad o al servicio de estos poderes fácticos insaciables. Todo esto ha arrastrado en parte a los sindicatos, incapaces de hacer frente al mensaje neoliberal que ha ido calando en la gente a través de unos medios de comunicación la propiedad de los cuales recae en las mismas manos nada inocentes.

En este contexto, nacen colectivos de protesta y denuncia la movilización y demandas de los cuales son incorporados a las reivindicaciones de los grupos políticos o partidos de izquierda. Protestas que sufren la contradicción de considerar a las fuerzas sindicales como parte del establishment, renegando de su labor, y seguramente debido a su desconocimiento. Y digo contradicción porque en el marco ideológico de la izquierda, cuestionar la labor de los sindicatos a pequeña y gran escala en defensa de los derechos de los trabajadores y en conjunto de los ciudadanos, es ignorar la realidad y, sencillamente, caer en la trampa mediática construida desde la derecha.

No hay ciudadanía sin derechos laborales, no hay derechos laborales sin sindicatos.

La participación ciudadana como pionera de la democracia

Con la crisis del parlamentarismo y la desafección política, los ciudadanos han encontrado en la participación ciudadana un modelo con legitimidad social, un mecanismo de democracia directa por el cual  se pueden sentir parte del sistema político y parece ser la herramienta que permitirá que las demandas empiecen a ser escuchadas. Un mecanismo que da respuesta a la crisis de la democracia representativa y puede establecer las bases para la construcción de una nueva democracia auténticamente participativa.

Así, las calles se llenan de asambleas y las webs o redes municipales de mecanismos de participación directa; los procesos participativos están a la orden del día como la nueva forma de hacer política, mediante votos telemáticos, consultas ciudadanas o presupuestos participativos. Todo esto en la busca de la regeneración democrática necesaria, que implique a la gente en las decisiones públicas, más allá de votar cada cuatro años.

Pero un proceso que en teoría puede presentarse como la “nueva democracia”, tiene infinidad de problemas prácticos a los cuales los partidos de izquierdas se enfrentan cada día, al practicar el sistema asambleario de información y debate, tan tradicional en el mundo sindical y tan nuevo para los políticos, más acostumbrados a hablar en actos públicos de aplauso de los acólitos del partido, que a bregar con las cuestiones que plantea la ciudadanía de sus decisiones de gestión.

La gente pide participar más activamente a lo largo del proceso de decisión para  ser escuchada. La izquierda no se rinde a pesar de las dificultades intrínsecas y el miedo inherente a la pérdida de capacidad de control sobre la propia gestión, y sigue buscando mecanismos de participación que la acerquen al sentir ciudadano en un contexto donde el individualismo genera suspicacias de todo aquel que levanta la cabeza para reivindicar o protestar.

Una asignatura pendiente: la igualdad

La ciudadanía sustantiva llegó mucho más tarde para las mujeres, y por ahora, a pesar del reconocimiento formal, en la práctica dista mucho la igualdad real, especialmente en cuanto a los derechos sociales.

No sólo el voto ha sido una ardua batalla que todavía se brega en gran cantidad de países, también lo han sido el derecho de propiedad y de decisión, centrándose hoy las reivindicaciones en el ámbito laboral (mayor precariedad, techos de cristal, desigualdad salarial…) y de representación.

A pesar de que el movimiento feminista se encuentra afianzado en nuestra sociedad, llama la atención que según el CIS de abril de 2016 sólo el 1,3% de la población se define como feminista, y esto en una sociedad en la cual la mujer es discriminada e invisibilizada, maltratada e incluso asesinada. Quizás la demonización del término feminista haya calado pero también lo han hecho las ideas feministas, pues se ha conseguido que la sociedad se escandalice ante afirmaciones machistas y los valores del feminismo se han traducido en abundantes leyes que regulan el divorcio, el aborto, la violencia de género, y las cuotas de la ley de igualdad. A pesar de todo, la sociedad obvia o desconoce que feminismo no es más que reivindicación de la igualdad y hoy pocas personas (la mayoría perteneciente a la jerarquía eclesiástica) se atreven a afirmar en público que son contrarias a la igualdad entre hombres y mujeres.

En el ámbito político, fue necesario imponer cuotas de género por ley para incrementar la presencia femenina en los parlamentos de más de 60 países. En el Estado español fue a través de la Ley Orgánica de Igualdad 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Si bien es cierto que gradualmente se había producido un incremento de la presencia de mujeres en la política, especialmente gracias a los partidos del ala izquierda, que han ido incluyendo previamente estas cuotas en sus propios estatutos, además de otros mecanismos que no son legalmente obligatorios como las “listas cremalleras”. Pero todo y con esto, los cargos de mayor responsabilidad suelen estar en manos de los hombres (“el techo de cristal”). Los portavoces parlamentarios suelen ser hombres, las candidaturas a Presidencia del Gobierno son ocupadas únicamente por hombres y son pocas las mujeres que consiguen labrarse un nombre en política sin que se las tilde de despiadadas o cualquier otro calificativo sobre su supuesta personalidad; analizando formas de ser que nunca se valoran en los hombres. Las mujeres estamos, pero no formamos parte de los ámbitos de decisión. El principio de presencia equilibrada en los nombramientos del art. 55 de la ley 3/2007 se ha quedado en buenas intenciones y pocos resultados reales.

Así mismo, la conciliación familiar y laboral sigue considerada socialmente como un problema que afecta a las mujeres, para conseguir pasar más tiempo con su descendencia y poder dedicar tiempo a las tareas del hogar. En el ámbito de la política, precisamente se observa una diferencia sustancial entre ellas y ellos: el estudio 2827 CIS analizó las dificultades de conciliación laboral-familiar de las diputadas y diputados autonómicos y de las Cortes Generales, el resultado fue que solamente el 21% de los diputados no tienen pareja, frente al 38% de las diputadas; un 33% de las diputadas no tiene hijos, frente a un 14% de los diputados.

La desigualdad en el desempeño de las tareas domésticas es vista como causa relevante en la marginación laboral de la mujer a nivel europeo, según se desprende de la Encuesta Social Europea de 2010.

En el ámbito sindical existe cierta diferencia de afiliación entre hombres y mujeres, si bien gracias a la labor interna de los sindicatos en cuanto a los cargos orgánicos existe una práctica igualdad en el sindicatos mayoritarios (49% en el caso de CCOO, 51% en el de UGT); esta igualdad se rompe, no obstante, en las secretarías generales territoriales en las cuales la gran mayoría recae en hombres.

(http://www.eldiario.es/politica/sindicatos-mayoritarios-suspenden-materia-igualdad_0_162733962.html).

En el sector privado la cobardía del contenido de la Ley Orgánica de Igualdad 3/2007 ha hecho que sea una ley cargada de buenas intenciones prácticamente ineficaz por cuanto exige medidas únicamente en las empresas de más de 250 empleados (Arte. 45.2.), y así el sector directivo empresarial sigue en manos de la mitad masculina de la sociedad, obviando las capacidades directivas de la otra mitad. En el ámbito público, ha sido gracias a la batalla sindical que se avanza mediante los planes de igualdad, si bien sigue existiendo brecha salarial y techo de cristal, especialmente en los nombramientos de libre designación y en los altos cargos.

La imagen de la mujer en los medios de comunicación continúa siendo un objeto utilizado como reclamo de venta con no pocas connotaciones sexuales. Su presencia en los programas de TV suele estar asociada más a la presencia estética que en el debate de temas de relevancia política y social, escaseando las tertulianas a pesar de abundar tertulianos de ínfimo nivel profesional.

En cuanto a los medios de comunicación social y la publicidad, por su influencia, son elementos básicos de reforzamiento de los estereotipos sexistas. Las mujeres utilizadas ya sea como objetos de reclamo, ya sea como público objetivo de los diferentes productos, son uno de los centros del mundo publicitario y en algunos casos y en ciertos aspectos puede contribuir a la perpetuación de modelos degradantes para las mujeres.

La Ley 34/88, de 11 de noviembre, General de Publicidad, modificada por la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el artículo 3 establece que "Es ilícita la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución especialmente en cuanto a la infancia, la juventud y la mujer", incluyendo específicamente "Los anuncios que presentan a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como simple objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneran los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvante a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género".

Además de esta Ley, hay un elevado número de normas que tienen como objeto poner límite a la publicidad sexista, tanto generales como en campos específicos. Gracias a estas normativas no hay duda de que la publicidad sexista constituye una modalidad de publicidad ilícita. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones, las normas son de carácter abierto y por lo tanto tiene que analizarse cada caso concreto y las circunstancias que lo rodean para poder declararlas ilícitas. El sexismo en los anuncios no siempre es explícito, por eso es importante saber detectar el sexismo en la publicidad. En la evolución del machismo en la publicidad hemos pasado de un machismo explícito a uno implícito; y eso, a veces puede ser incluido más peligroso, en cuanto a que la ciudadanía incorpora en su marco cognitivo como normal comportamientos que no tienen que ser aceptados.

En cuanto a los roles y estereotipos de género podemos señalar el uso de estereotipos en el reparto de labores tanto dentro del hogar como en el ámbito laboral, donde las mujeres nunca se ven ocupando lugares laborales de dirección o poder asociados al prestigio social.

Además, este tipo de publicidad ya se refleja desde la infancia, ya en las campañas de juguetes de navidad, o en las tiendas de juguetes transmiten explícita o implícitamente mensajes según los cuales un juguete está principal o exclusivamente dirigido a los niños o a las niñas.

Por lo tanto, es evidente que los mecanismos existentes no son suficientes para frenar la utilización denigrando de las mujeres como reclamo publicitario.

Parece que existe un claro interés por mantener el status quo que relega a la mujer en un papel servil hacia el hombre.

En definitiva, la mujer sigue careciendo de buena parte de los derechos de ciudadanía aunque en teoría los posea todos, mientras la sociedad se construye bajo la mirada de una mitad de la gente, obviando a la otra mitad.

La crisis de la ciudadanía de la mano de la crisis del llamado Estado de Bienestar

Llevamos años oyendo que el Estado de Bienestar se encuentra en crisis, y con esta crisis se ha producido una pérdida de capacidad de incidencia de los partidos políticos, que se identifican con una reivindicación que respeta el modelo económico como única fuente posible de crecimiento y riqueza. Los partidos de izquierdas han renunciado, en su mayoría a la crítica hacia el modelo capitalista, optando por encontrar la forma de mitigar los daños que este modelo causa a la sociedad. Así, se limitan a reivindicar una mayor aportación a las partidas sociales, centrando el debate en cuánto bienestar se puede permitir el Estado y defendiendo que el Estado de Bienestar es el único mecanismo para garantizar la igualdad.

No obstante, nos encontramos ante un nuevo contexto social en el cual la ciudadanía cuestiona el modelo de democracia de arriba abajo, con mayor o menor miedo a los cambios, pero siempre con descontento hacia esta democracia que ha dejado vacíos los derechos que nos explicaron que poseíamos por lo pronto en una Constitución que está vigente.

Así, nuevas voces buscan modelos productivos que potencien la igualdad, atacando la raíz del problema, sin llegar a ser capaces de ofrecer una alternativa palpable a aquello ya conocido y sufrido que sea comprensible por la ciudadanía. A pesar de que hay que afirmar que la popularidad del modelo económico de capitalismo llevado a su máximo apogeo, a través del rescate bancario se encuentra también en crisis, identificado por la ciudadanía como fuente de desigualdad e injusticias, y por lo tanto, culpable de la inaccesibilidad de los derechos de ciudadanía políticos y sociales. Pero ¿cuál es la alternativa? Y en este contexto ¿cuál es el papel que tienen que jugar los sindicatos de clase?

Es precisamente en este contexto, donde el individual vence al colectivo, donde los sindicatos juegan un papel determinante, por cuanto son precisamente los encargados de nuestra defensa como sociedad, como clase mayoritaria, la trabajadora, que requiere la inversión del Estado en políticas sociales y que exige los derechos que representa la ciudadanía. El sindicato no es percibido como un candidato electoral que anhela el poder. El sindicato es la voz de este trabajador que a pesar de trabajar sigue siendo pobre, es la voz de todos los trabajadores que reclaman seguridad, acceso a una vivienda digna, renta social básica, impuestos proporcionales, economía al servicio de las personas, una justicia con recursos y accesible para todos; es quien pone voz a tus derechos.

Quizás sea la defensa de los intereses colectivos uno de los motivos por los cuales los jóvenes no se afilian a los sindicatos, a pesar de que los estudios sociológicos los sitúan como personas preocupadas por sus intereses individuales mientras son castigados colectivamente. Incapaces de comprender que el sindicato es un instrumento clave para mejorar su situación colectiva.

Evidentemente los sindicatos son actores fundamentales en la defensa de los derechos sociales, parte activa en la lucha por los derechos políticos e impulsores de las conquistas de derechos civiles. No es de extrañar que los sindicatos de clase cuenten con secretarías que cubren todos estos ámbitos de lucha y reivindicación, conscientes que en esta batalla por la recomposición de la ciudadanía, la estructura organizativa sindical es fundamental para conseguir algún éxito. Quienes hablan de la crisis de los sindicatos dada la pérdida de afiliación o de influencia obvian que no existe otra organización social tan potente, con tanta implantación, que defienda las políticas de bienestar al mismo tiempo que ejerce la representación y defiende individual de los trabajadores.

La reforma de la Constitución: hagamos ciudadanía

La Constitución vigente, nacida de un contexto social y económico muy diferente del actual, ha sido incapaz de consolidar y proteger los derechos que caracterizan al constitucionalismo social y, por lo tanto, de garantizar y alcanzar todos los ámbitos propios de la ciudadanía sustantiva más allá de los reconocimientos formales. Unos derechos recogidos como derechos fundamentales, otros como principios rectores, en cualquier caso muchos de estos derechos forman parte de una serie de palabras vacías de contenido para buena parte de la sociedad.

La Constitución española de 1978 cuenta ya con treinta ocho años desde su aprobación. Ni los problemas de aquel momento son los de ahora ni está pensada para los retos con que nos encontramos en la segunda década del siglo XXI. La parte dogmática de la Constitución (derechos y libertades) no está al nivel de los avances que se han dado en otras latitudes, y las garantías, como ya hemos comentado, son frágiles y limitadas o sencillamente inexistentes, propias de un constitucionalismo débil. El hecho que el artículo 53 de la Constitución disponga que determinados derechos sean de primera, de segunda o de tercera categoría – incluyendo dentro de éstos prácticamente todos los derechos sociales, que no cuentan con garantías para su aplicación- ha hecho posible el desmontaje del Estado Social, con la legalidad propia de una Constitución débil, pero sin la legitimidad de la decisión popular.

La gente se pregunta si el derecho al trabajo que recoge la Constitución sirve para algo ante las reformas laborales de los unos y los otros y con más de cuatro millones de parados. La igualdad formal como derecho fundamental que recoge este texto escrito a solas por hombres y carecido de perspectiva de género, ya hemos visto que no ha supuesto la igualdad material, dado que no cuenta con derechos y obligaciones que transforman la realidad. Los cambios han venido de la mano del feminismo, la Constitución no daba los instrumentos.

Otro derecho fundamental ampliamente cuestionado en cuanto a su eficacia es el derecho a la información, prácticamente sin desarrollo, a pesar de los esfuerzos de CCOO por la existencia de un Estatuto del Periodista que fue tomado en consideración en el Congreso de los Diputados de la VIII legislatura (2004-2008) se quedó sin tramitar por las presiones de los grandes grupos mediáticos sobre el gobierno socialista de entonces.

En el ámbito sindical, si bien el derecho a la libertad sindical y el derecho de huelga (art. 28 CE) obtienen la categoría de fundamentales y por lo tanto son derechos especialmente protegidos, el derecho a la negociación colectiva y el conflicto colectivo (art. 53.2 CE) o a la participación institucional (art. 129 CE) quedan fuera de ese núcleo reforzado, a pesar de constituir tareas fundamentales del ejercicio propio de la acción sindical. Un texto constitucional de hoy tendría que proteger los derechos de la clase trabajadora, dejar claro cuál es el contenido del derecho a la libertad sindical, protegiendo las múltiples acciones que llevan a cabo los sindicatos, dando así cumplimiento al encargo del art. 7 del mismo texto: "contribuir a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que los son propios."

La parte institucional, a la vista está, tampoco responde a las necesidades de hoy. Tres décadas de autonomías han creado las condiciones para avanzar hacia un nuevo tipo de descentralización, más evolucionado, que reconozca la plurinacionalidad del Estado y la necesidad de qué los fundamentos de la convivencia se organizan democráticamente y en igualdad entre todos los componentes sociales del Estado, para quién quiera formar parte del mismo. Hay que avanzar sin miedo.

La impotencia ciudadana ha generado un clima de desconfianza hacia la capacidad de la Constitución como garante de las conquistas sociales de la democracia y la capacidad para hacer frente al empujón de los poderes fácticos, el poder financiero, con un poder decisorio sobre el gobierno de turno que acontece cada día más evidente para la gente. Y más todavía ha acontecido una rémora sobre los necesarios avances y mejoras en una democracia cuestionada y deslegitimada por los sucesivos escándalos de corrupción que afectan incluso a las entidades encargadas del control económico y político.

El hecho de mantener anacronismos, como la monarquía, y dentro de ésta, la inviolabilidad de la figura del Rey o la preferencia del hombre sobre la mujer en la sucesión del trono, evidencian que el texto de la norma fundamental requiere ser debatido, actualizado conforme la sociedad de hoy y ratificado por la ciudadanía actual.

A esto, tenemos que sumar que hoy por hoy la mayoría de la población no votó la constitución vigente. Tres de cada cuatro españoles de hoy no pudieron votar la Constitución el 6 de diciembre de 1978.

Es necesario iniciar un proceso constituyente en el Estado español, que conduzca a la reforma constitucional, a fin de que el pueblo recupere la soberanía, se debata y nazca un nuevo texto que garantice un Estado Social y democrático avanzado.

La realidad es que el proceso constituyente de 1978 fue más el producto de la negociación de partidos políticos sobre la forma de Estado, la estructura territorial o los derechos y sus garantías. No hubo un proceso constituyente participativo, sino sólo un referéndum del conjunto del texto en que la gente que quería democracia tenía una sola opción.

La interacción de la ciudadanía y de los agentes de representación de los intereses sociales es imprescindible para garantizar que el debate trascienda los muros de los redactores y que el texto alcance el mayor consenso social posible.

Hay que decir que la Constitución de 1978 votada en su día ni siquiera es el texto vigente, dado que ha sufrido dos reformas explícitas y algunas mutaciones constitucionales sin ser sometidas a referéndum de alguien. Las reformas explícitas afectaron los artículos 13 y 135; la primera, para hacer posible la ratificación del Tratado de Maastricht de 1992 y la creación de la Unión Europea, tal como hoy la conocemos, incluida la competencia monetaria en manos del Banco Central Europeo; la segunda, en 2011, para constitucionalizar el principio de estabilidad monetaria y someterse así a las decisiones de la troika comunitaria. Una reforma del art. 135 CE que dio pie a La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaría y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Además, ninguno de los tratados de integración europeos ratificados por España ha sido sometido a referéndum; el único, la fallida "Constitución Europea", que nunca estuvo vigente gracias a la oposición ciudadana en países como Francia y Holanda.

De hecho, hay que recordar que, según los barómetros del CIS de los últimos años, existe en la ciudadanía un anchísimo desencanto por la política, siendo la clase política, los partidos y la política en general uno de los principales problemas. Si bien es cierto que la clase política nunca ha sido muy popular, desde el 2007 hasta ahora la confianza se ha reducido a la mitad tanto en los políticos como en el Parlamento, poniendo en entredicho el modelo y funcionamiento del sistema democrático que tenemos. Evidentemente la corrupción es considerada como una causa relevante de esta desafección, al percibirla como elemento que ataca la efectividad y la imparcialidad institucional. La última encuesta del CIS de abril de 2016 recoge que de cada 4 personas 3 creen que los políticos toman decisiones para sus intereses personales.

Frente a esto, la única solución es la democrática. Regenerar la sociedad en el marco de la reconstitución del estado, tanto institucional como territorial, donde las personas puedan decidir como pueblo lo que hasta ahora se les ha vetado: quién somos, quién quiere formar parte del Estado, cuáles son nuestras prioridades de vida en común, qué mecanismos de participación queremos incorporar, y qué es la naturaleza de las funciones públicas y el control hacia los gobernantes, por poner algunos ejemplos.

Esta decisión sólo se puede realizar a través de un proceso constituyente.

Construyamos democracia. Hablemos, dialoguemos y lleguemos a consensos de derechos civiles, políticos y sociales inalienables. Hagamos ciudadanía.

Bibliografia:

El poder político en España: parlamentarios y ciudadanía, CIS, 2016.

Por una Asamblea Constituyente, Sequitur, 2012.

Ciudadanía y clase social, Alianza Editorial, 1998.

Igualdad de género y no discriminación en España: evolución, problemas y perspectivas, Centro de estudios Políticos y constitucionales, 2016.

Libertad sindical y constitución, Ediciones Laborum, 2002, Isabel Marin Moral.

Los sindicatos en España frente a los retos de la globalización y del cambio tecnológico, Laboratorio de Alternativas, 2008, Holm-Detlev Kohler.

Valencia, 13 de Enero de 2017