Jaume Bosch

Licenciado en Derecho. Coordinador de proyectos transversales. Instituto de Seguridad Pública de Cataluña

Vivimos una época convulsa. El incremento del peligro terrorista vinculado, es necesario no olvidarlo, a una situación internacional injusta, la globalización de la delincuencia o las nuevas formas de criminalidad han propiciado el ambiente adecuado para que determinadas ideologías nos propongan la necesidad de sacrificar las libertades para que el Estado pueda mantener la seguridad.

Ante estas ideologías reaccionarias, muy presentes en los Estados Unidos, en la Unión Europea y en el Estado español, la izquierda se mueve desde hace tiempo entre dos extremos: el de considerar que el derecho a la seguridad es cosa de la derecha y que la izquierda no se tiene que preocupar de un tema que no le es propio, y el de hacer seguidismo acrítico de las opciones conservadoras por miedo a perder votos. Es imprescindible que la izquierda entre en el debate de la seguridad desde una perspectiva progresista, que no menosprecie la lógica preocupación de buena parte de la ciudadanía por esta cuestión, que se muestre beligerante con los discursos demagógicos, xenófobos y machistas, y que aporte un proyecto propio sobre el papel que quiere que juegue la policía. Jaume Curbet, el teórico, catalán y de izquierdas, que inspiró nuestro actual modelo de policía escribió sobre la obsesión por la seguridad en una sociedad del riesgo: "No parece tener mucho sentido la reiterada y conflictiva contraposición política entre seguridad (estabilidad) y libertad (innovación); porque las dos, en su justa medida, constituyen ingredientes esenciales para cualquier fórmula de gobierno que pretenda garantizar la convivencia y el desarrollo humanos" (1). Interesante reflexión, que se confronta a los ataques constantes a la libertad perpetrados en nombre de la seguridad impulsados por unos Estados que nos quieren hacer creer que la solución a los problemas que sufre la sociedad es un progresivo y constante endurecimiento de la legislación, la obsesión punitiva y la limitación de los derechos de la ciudadanía.

Afirma Michel Benichou, presidente del Consejo de la Abogacía Europea: "Si se sacrifica la libertad por la seguridad, no se tendrá ni libertad ni seguridad" (2). Las políticas reaccionarias esconden unos intereses muy determinados. Escribe Loïc Wacquant, profesor de la Universidad de California-Berkeley: "Si los mismos que exigen un Estado mínimo para liberar las fuerzas creativas del mercado y someter a los más desfavorecidos a la picadura de la competencia no dudan a erigir un Estado máximo para garantizar la seguridad cotidiana, es porque la pobreza del Estado social con el telón de fondo de la desregulación suscita y exige la grandiosidad del Estado penal" (3). Es decir, los poderes económicos necesitan un Estado débil en relación al mercado y un Estado fuerte en relación al mantenimiento del orden y la seguridad.

Sebastian Roché, director de Investigación del Centro de Ciencias Politicas de la Universidad de Grenoble, profesor de la Escuela Nacional Superior de Policía de Francia, y autor de la obra "La policía en democracia" (4) afirma: " Ante la amenaza terrorista, los gobiernos se sienten obligados a aumentar los poderes de la policía. La razón es principalmente política: se trata de una estrategia para evitar recibir críticas por parte de la oposición. No tenemos pruebas de la eficacia de una legislación más severa en cuanto a la criminalidad pequeña y mediana, a pesar de que las policías sean muy a menudo favorables a este tipo de acercamiento. En cuanto a los jóvenes, sabemos que la severidad penal incluso aumenta la reincidencia. Eficacia práctica y eficacia política son dos cosas muy diferentes" (5).

El antes citado Wacquant (6) explica como los datos y las investigaciones serias han echado por tierra la teoría denominada del "vidrio roto" que afirmaba que la represión inmediata y severa de las infracciones menores en la vía pública frena la aparición de grandes criminales; es decir, que arrestar a los ladrones de huevos permitiría parar asesinos potenciales. Esta teoría fue invocada por la policía de Nueva York, en la época del alcalde Giuliani (1994-2001): la idea de la impunidad cero o tolerancia cero.

En nuestra casa también hemos recibido estas influencias ideológicas: La Ordenanza de Convivencia del Ayuntamiento de Barcelona de la época del alcalde Clos, aprobada en 2005 con los votos de PSC, ERC y CIU, la abstención del PP y el voto en contra de Iniciativa, se inspiraba en aquella tendencia. Igual que las políticas de seguridad impulsadas por el consejero Felip Puig desde el Departamento de Interior de la Generalitat (2010-2012) con aquella frase que lo explicaba todo: "Tenemos que ir hasta el límite de la ley y algo más allá". O, no hay que decirlo, la Ley Orgánica 4/2015, del 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, llamada "Ley mordaza", aprobada por el PP y considerada inconstitucional por el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña.

Tampoco se escapa de este debate el análisis de la actuación policial del día uno de octubre del año pasado, en motivo del intento de celebración de un referéndum en Cataluña. Pudimos observar la aplicación de dos concepciones contrapuestas de la seguridad: la del cuerpo de Mossos d'Esquadra que, superada la época Puig, consideró que había que respetar las instrucciones de la magistrada que reclamaba impedir el referéndum "sin afectar la normal convivencia ciudadana" y la del Ministro Zoido que, herido por el ridículo de no haber encontrado las urnas, consideraba prioritario restablecer el orden a través de la actuación de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía por encima de los derechos de la ciudadanía. Las dos actuaciones se encuentran bajo la fiscalización del poder judicial. Ante un choque entre corderos a proteger, ¿cuál era superior? ¿Cómo se aplicó el principio de proporcionalidad? De cómo se resuelva la cuestión se deducirá la apuesta por una determinada manera de entender la seguridad y de interpretar el papel de los cuerpos policiales cuando actúan como policía judicial y su comportamiento en relación al mandato del artículo 104 de la Constitución que se les fija como misión "proteger el libre ejercicio de los derechos y de las libertades y garantizar la seguridad ciudadana". Sin olvidar, como elemento desencadenante de la polémica, los centralistas celos provenientes de los días posteriores a los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils, cuando se evidenció ante el mundo entero que la policía básica en Cataluña era el cuerpo de Mossos d'Esquadra, hecho que provocó la indignación "patriótica" de determinados poderes del Estado.

Para acabar de recoger alguno otro apunte sobre el tema que nos ocupa es necesario no olvidar nunca que Europa vive la manipulación que fuerzas xenófobas y de extrema derecha hacen del doloroso fenómeno de los refugiados, presentados como peligro para la seguridad y la convivencia.

Hay motivos para la preocupación y para la esperanza. En el Nueva York de Giuliani, dieciséis años después, Bill de Blasio ha ganado las elecciones municipales con treinta puntos de ventaja sobre el candidato del presidente Trump. Y en Virginia, ha sido reelegido gobernador Ralph Northman, acusado por Trump de "connivencia con los criminales del M-13, los Mara Salvatrucha", de potenciar "la delincuencia rampante" y de enemigo de la Segunda Enmienda para querer legislar en la dirección de un mayor control de las armas: la seguridad y la inseguridad muy presentes en las campañas electorales de los Estados Unidos.

Hasta aquí el diagnóstico. Detectar los problemas es relativamente fácil si los prejuicios ideológicos no nos enturbian la visión. Lo difícil es construir la alternativa. Pero es condición imprescindible que las izquierdas políticas y sociales sean conscientes de que hay que hacerlo, también en el campo de la seguridad. Para avanzar en esta línea es necesario combatir la idea de que la izquierda es incapaz de administrar la seguridad con eficacia sin abandonar sus convicciones. Durante el periodo 2006-2010, en el que Joan Saura, de ICV, dirigió el Departamento de Interior de la Generalitat, mientras aquí una parte de la izquierda se entretenía criticando la decisión de haber asumido esta difícil responsabilidad, representantes del Gobierno del Frente Amplio de Uruguay o de los Verdes alemanes venían a Cataluña para analizar las novedades que se estaban impulsando: queda pendiente un balance serenado de los claros y oscuros de aquella experiencia. Unos cuantos años después, en 2015, al inicio del mandato de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona, algunos medios de comunicación y algunos sectores sociales presuponían que la inseguridad se incrementaría en la ciudad. La Encuesta de Servicios Municipales de Barcelona del año 2016 demuestra que la ciudadanía considera que la seguridad mejoró en relación al año anterior por primera vez desde 1999. La Guardia Urbana logra su mejor nota histórica, un 6'2 de valoración. Y en relación a cuál es el principal problema de la ciudad, la inseguridad baja del 7'6 al 6 por ciento. Nada es definitivo, y cuando se analice en 2017 habrá que ver cuál ha sido el impacto del atentado de agosto. Pero estos datos positivos nos permiten constatar que la izquierda en materia de seguridad no tiene que actuar acomplejada. Tiene que aparcar apriorismos, como seguramente ha hecho la misma alcaldesa de Barcelona, y tiene que aplicar sus políticas con rigor y sin miedos.

Notas:

1. Jaume Curbet. Un mundo inseguro. La seguridad en la sociedad del riesgo. CCG ediciones. Girona, 2011.

2. Michel Benichou. Entrevista en Mundo Jurídico. ICAB, 2017.

3. Loïc Wacquant. Poner orden a la inseguridad. Polarización social y recrudecimiento punitivo. Revista Catalana de Seguridad Pública., número 24. Generalitat de Catalunya. 2011.

4. Sebastian Roche. De la Police en democratie. Grasset, 2016.

5. Sebastian Roche. Entrevista a Notas de Seguridad. Departamento de Interior. Generalitat de Catalunya, 2017.

6. Loïc Wacquant. Sobre algunos cuentos de seguridad pública venidos de América. A Seguridad: aportaciones desde la izquierda verde. Revista Nuevos Horizontes, número 194. 2009.

Miércoles, 14 de Febrero de 2018