Un grupo de personas sociólogas, economistas, juristas, antropólogas, sindicalistas y miembros activos de la economía social, hemos decidido impulsar una Plataforma por la Democracia Económica que se aglutina en torno a un conjunto de puntos que deseamos hacer públicos como expresión de pronunciamiento fundacional.

Asumimos que hablar hoy de Democracia Económica supone adentrase en un terreno sobre el que se ha producido una pérdida casi absoluta de referencias comparada con épocas pasadas. Términos como autogestión, cogestión o participación del trabajo en las empresas, que en los 70 significaban para sindicatos, organizaciones sociales y partidos progresistas un intento serio de superar la democracia formal y avanzar en la igualdad real de las personas, están hoy rodeadas de un silencio ensordecedor, caídas en el profundo olvido.

Somos conscientes que la globalización y el desarrollo de cadenas globales de generación de valor añaden una dificultad evidente a una batalla que, en su momento, estuvo situada en el marco político del estado nación. O que la externalización productiva convierte a los trabajadores en colaboradores externos precarizados, desconectados entre sí y sin ninguna cobertura legal laboral. Son evidencias que demuestran que la complejidad aumenta, aunque en ningún caso pueda servir de justificación al retroceso democrático.

Y sin embargo, los hechos son testarudos. El debilitamiento de los sindicatos en los países centrales, el predominio absoluto de los principios neoliberales en la academia, la utilización de las crisis como excusa para la disciplina social, el debilitamiento de lo público… son el contrapunto a la hegemonía absoluta de las grandes corporaciones regidas por un nuevo paradigma: ya no se interesan por la creación de beneficios económicos a largo plazo sino por la maximización inmediata de su cotización bursátil.

Desde hace décadas, las fuerzas democráticas interesadas en la democratización social están a la defensiva. La defensa de los derechos conquistados en las batallas del siglo pasado (negociación colectiva, derechos laborales, sanidad, pensiones…) alimentan las principales consignas utilizadas en las batallas del presente. Aunque estas actitudes defensivas tienen causas objetivas (la globalización o el cambio tecnológico entre ellas) afirmamos que también son imputables a la debilidad de los sujetos sociales que no han alumbrado una batería de derechos colectivos y de argumentos económicos consistentes que dibujen, como futuro deseado, un horizonte de democracia económica para la humanidad.

No hay tampoco progresos democráticos en la gestión de empresas públicas que, previamente, ha sido convenientemente “domesticadas”. El espacio público se muestra incapaz para imponer sus principios en los programas de colaboración público-privada y pasa a ser el territorio preferido de saqueo de las élites extractivas. Ni siquiera en estos espacios conectados al interés general hay avances en los que los colectivos interesados, principalmente trabajadores y trabajadoras, pero no solo, hayan construido un discurso de gestión compartida basada en la lógica del bien común.

Se acepta de manera retórica la importancia de la economía social o la participación del trabajo en las empresas como supuesto reflejo de la importancia del “capital humano”, se asume como deseable aumentar el peso del cooperativismo como instrumento defensivo o se airea el discurso de la responsabilidad empresarial… pero en todos los casos como soluciones subalternas, como guindas superfluas o como espacios marginales conectados a planteamientos éticos

En ningún otro terreno el fervor apostólico liberal ha calado tanto. Se trata de una auténtica derrota ideológica que busca instalar en la sociedad un estado de apatía que interiorice como verdades universales las ventajas económicas de la verticalidad jerárquica, su eficiencia natural, certezas que contrastan con la supuesta ausencia de voluntad participativa de las mayorías o la incapacidad para ponerse de acuerdo entre colectivos diversos y/o dispersos… en el que pareciera que no hay casos de éxito que puedan servir como paradigmas alternativos.

Pareciera que el concepto de Democracia Económica haya quedado ubicado en el pasado y navegara descolgado de cualquier idea de modernidad. O que, en contra de todas las evidencias, los cambios tecnológicos no favorecieran el desempeño horizontal y la gestión participativa. O que nociones como la “economía colaborativa”, lejos de representar una posibilidad universal real de lo digital, hayan nacido precisamente para camuflar la lógica mercantil y evitar el debate profundo sobre las aportaciones que ofrece la tecnología en construir modelos alternativos eficientes.

La realidad es que el neoliberalismo está agotando su modelo seductor y navega hacia formas autoritarias de dominio. El que los países anglosajones, impulsores de la globalización marcada por el Consenso de Washington, estén hoy perdidos en el retraimiento más provinciano es muy elocuente. Significa que es el momento de recuperar iniciativas dispersas y dotarlas de un cuerpo coherente que redefina y actualice la agenda de la Democracia Económica.

A pesar de las muchas dificultades la sociedad ha sido capaz de destilar, en países de todo el mundo, experiencias quizás aisladas, discursos quizás parciales, soluciones quizás desconexas que avanzan, a veces de forma invisible, en muchos frentes. Desde el comercio justo al crédito social, de la defensa de bienes comunes a la economía solidaria o la economía feminista muchas energías se han volcado en construir nuevos paradigmas. Se trata de visibilizar esos esfuerzos y darles coherencia, de romper aislamientos desde la comprensión del conjunto, de revitalizar y recuperar un sentido de unidad que conduzca a las nuevas señas de identidad de la democratización económica.

Supone asumir nuevos retos: sistematizar la complejidad de experiencias que escalan desde lo más abajo, desde lo individual marginado a lo común próximo y reconocible o, desde ahí, a lo público universal, sentido como lejano; fabricar pasarelas entre lo cooperativo tradicional y lo colaborativo digital, entre los paradigmas de la gran corporación y las soluciones institucionales que faciliten la defensa de autónomos/as y microempresas e insertar esas soluciones en el marco que ofrece el artículo 129.2 de la Constitución, que ordena a los poderes públicos establecer "los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.

Implica también desarrollar los argumentos y popularizar los casos de éxito que demuestren que es posible, viable y mejor una organización basada en unidades productivas más democráticas; que la innovación, incluida la disruptiva, es un valor colectivo que requiere participación y un clima laboral que revalorice el trabajo; que el monopolio de poder de los grandes accionistas y de los primeros ejecutivos en las grandes compañías es fuente de destrucción de valor a largo plazo; que las experiencia del Estado de Bienestar y las políticas de inclusión muestran que los fundamentos más justos y éticos están también asistidos por la razón económica.

Impulsar la Democracia Económica significa demandar y extender la cultura de la participación en la gestión de todo tipo de empresas. Ese propósito converge con los principios del cooperativismo y de la economía social y solidaria, pero no puede limitarse a esos ámbitos. Debe extenderse a las empresas convencionales, y en particular a la gran empresa donde la participación de los múltiples agentes que contribuyen a la generación de valor de manera colectiva debe encontrar representación en los equilibrios de poder. En ellas también, la participación tiene sentido no solo por razones morales o distributivas sino por la pura sostenibilidad económica.

Creemos que es el momento de apoyar y coordinar todo tipo de iniciativas para que la democratización económica forme parte de la agenda política.

Como grupo hemos ayudado a impulsar, en mayo pasado, Trazando una nueva senda para Europa un llamamiento europeo por la participación de los trabajadores en las empresas que ha conseguido importantes apoyos de personas de referencia en toda Europa.

Hoy te invitamos a adherirte a este manifiesto que pone las bases de una Plataforma que busca dibujar un perímetro en el que quepan los diferentes sujetos, movimientos y caminos que comparten los objetivos últimos de la Democracia Económica.

Sara Lafuente Hernández, Investigadora en el Instituto Sindical Europeo (ETUI)

Marcos de Castro Sanz, ex Presidente de Cepes

Jose Angel Moreno, vicepresidente Economistas Sin Fronteras

Mario del Rosal, Profesor de economía de la UCM

Gael Carrero, Investigadora del Departamento de Antropología de la UAM

Ignacio Muro Benayas, Vocal de Economistas Frente a la Crisis. Profesor honorario UC3M,  Carlos III de Madrid

José Carlos González, sindicalista de CCOO

Amparo Merino De Diego, Universidad Pontificia de Comillas

Fernando Sabin Galán, Sociólogo y cooperativista

Félix Garcia Moriyón, Profesor honorario. UAM

Bruno Estrada, economista, adjunto al SG. de CCOO

Sandra Salsón Martín, Psicóloga, cooperativista, presidenta de REAS Madrid e integrante del Consejo Confederal de REAS red de redes

Carmen Castro García, Economista. Investigadora en políticas género-transformativas. Promotora de SinGENEROdeDUDAS