El paso del tiempo

Cuando observamos que la riqueza creada por el trabajo se reparte de manera injusta, que hay importantes tasas de crecimiento económico y aumenta la tasa de ganancias del capital pero no mejoran la calidad del empleo ni la calidad de vida de amplios sectores de la población, el combate contra la desigualdad se convierte en reto prioritario por el sindicalismo. Una desigualdad que tiene sus derivadas de género, generacional o de origen, que hay que conocer y combatir. No podemos obviar que la actual precarización vital de los y las jóvenes condiciona el futuro de las sociedades.

Del 2008 al 2017 el 20% de la población con mayores ingresos ha pasado de acumular un volumen de renta de 4'8 a 5'7 veces superior a la dispuesta por el 20% de la población con menores ingresos. No es una realidad inevitable, ni es una evolución justificable. Es el resultado de una determinada forma de organización social, de la manera en que producimos y distribuimos la riqueza, de las relaciones sociales que alrededor de estos procesos se establecen. Y de las políticas que se aplican.

Observamos una creciente tendencia a agrandar las brechas de renta y riqueza a nivel internacional: los salarios pierden peso en la distribución de la Renta Nacional, las condiciones de trabajo se precarizan y el desempleo crece, el poder empresarial se concentra, se imponen reformas regresivas en derechos sociales y se recorta la protección social, etc. La desigualdad social se convierte en todo el mundo en fragmentación social y debilitamiento democrático.

La gestión política de la crisis conlleva un aumento preocupante de la desigualdad. Las políticas neoliberales empleadas enmarcan en un modelo de gobierno político-ideológico de la globalización, que considera la desigualdad consustancial al crecimiento económico. Argumentan que la obtención de grandes beneficios y su apropiación privada es garantía de reinversión productiva y, por tanto, motor del crecimiento económico. Por neoliberalismo el crecimiento económico es un proceso natural que conlleva necesariamente desigualdad. Pero la teoría económica clásica es claramente cuestionable y refutable, ya que la realidad económica y social muestra una correlación negativa entre desigualdad y crecimiento: a más desigualdad, menos crecimiento.

La percepción de injusticia social es evidente cuando los niveles de desigualdad en una sociedad son elevados. Para los sectores ricos la desigualdad tiene un valor positivo, ya que en el futuro los más ricos serán más ricos. Pero para los más pobres es negativo, sus ingresos futuros irán disminuyendo. La desigualdad de ingresos condiciona un desigual acceso a la educación y a la salud y determina las relaciones sociales que se establecen en base a la desigual posición social de las personas: las personas en las posiciones sociales más bajas acaban siendo excluidas de las mejores oportunidades de empleo y de promoción social. Un hecho que limita la movilidad intergeneracional. La población en los niveles sociales bajos tiene dificultades para garantizar a sus hijos que una parte de los beneficios que se derivan del crecimiento económico les lleguen, en especial educación y capital social. Asistimos a la cronificación de la desigualdad. Quien se encuentra en posición de pobreza relativa participa en menor proporción del pastel de la riqueza nacional creada y de las diferentes oportunidades de que dispone quien está en la parte superior de la pirámide social. Son más vulnerables socialmente y más frágiles emocionalmente como evidencia la correlación negativa entre desigualdad y diversas variables como mortalidad infantil, esperanza de vida, embarazos no deseados, tasas de abandono escolar o incidencia de enfermedades mentales, entre otros.

De lo contrario los sectores sociales situados en la parte superior de la pirámide de la riqueza son también los que disponen de mayor poder político, lo que les permite la defensa y promoción de sus propios intereses y blindarse su posición social. Esta situación genera dinámicas sociales contradictorias, por un lado consolida la situación de exclusión social y falta de igualdad de oportunidades, por otro, dificulta la cohesión social favoreciendo el conflicto de intereses y la inestabilidad social. Y la inestabilidad dificulta el propio crecimiento económico, al desincentivar la inversión de los beneficios acumulados por los sectores sociales ricos.

La desigualdad abre la brecha social, consolida la fragmentación social y debilita la democracia. Esto genera ineficiencias económicas, no sólo por la pérdida del potencial que representan todas aquellas personas que no pueden desarrollar plenamente sus potencialidades personales y contribuir al progreso económico y social, sino también porque conlleva que la propia organización social debe destinar más recursos a mantener unos niveles básicos de cohesión social y porque la desconfianza en el funcionamiento de las instituciones democráticas alimenta la sensación de descontrol, fácilmente manipulable, y rompe la cultura del diálogo y negociación social, polarizando las posiciones.

La desigualdad tiene, además, una clara afectación de género. La desigual posición de la mujer en una sociedad que se estructura y funciona sobre la base de una concepción patriarcal la mantiene subalterna en las diversas esferas de la vida social: las mujeres asumen los trabajos de cuidado de las personas y el hogar, hay una importante brecha salarial de género en el mundo laboral, las posiciones de decisión, sea en el mundo de la empresa, las organizaciones sociales o la esfera del poder político, cuentan con una presencia marginal de las mujeres, etc. Esta posición social desigual no se justifica en diferencias "naturales" sino en la existencia de valores sociales y culturales dominantes. Una importante movilización social, que hay que mantener y acentuar en los diversos ámbitos de intervención social y política, está generando una amplia sensibilización y presiona para cambiar esta realidad y se están produciendo avances, aunque limitados dado la existencia de importantes espacios de desigualdad.

La percepción social de injusticia por el aumento de la desigualdad se hace más punzante con la salida de la crisis. Del total del incremento del PIB de la economía española, entre el 1er trimestre de 2007 y en 2017, el 80% ha remunerado el capital y el 20% el trabajo, lo que conlleva una pérdida de peso de los salarios en la distribución de la riqueza del país. En Cataluny6a, la tasa de riesgo de pobreza (2017, Idescat) es del 24'8% (con un claro sesgo de género: 23'9% de hombres y 25'6% de mujeres). Datos preocupantes que evidencian enormes déficits en las políticas públicas y la actividad económica que hay que combatir. Hay múltiples causas imputables, tanto el funcionamiento de mercado laboral, donde la precariedad laboral y la presión a la baja de los salarios explican una tasa de pobreza laboral del 12'2%, muy por encima de la Unión Europea, 9'6%, la alta tasa de paro (aunque supera el 10%, a pesar de la disminución, y estamos lejos del 7% de los años previos a la crisis) y la baja cobertura de protección (en 2017 el 70'3% de las personas en situación de paro no reciben ninguna prestación) y la brecha salarial de género (23% en términos anuales, datos de 2016); como el insuficiente gasto en protección social, que en Catalunya el año 2014 era el 21'3% del PIB frente al 28'4% en la zona euro, que explica que en la UE las transferencias sociales son capaces de disminuir en más de 8 puntos la población en riesgo de pobreza hasta el 16'9%, mientras en Catalunya con un impacto de 4'8 puntos, la población en riesgo de pobreza una vez aplicadas las políticas sociales es el 20%.

En el combate por la igualdad debemos ser capaces de establecer las diversas actuaciones que permitan paliar las consecuencias que se generan en términos de injusticia e ineficiencia social pero, también y sobre todo, atacar las causas que originan y aumentan las desigualdades.

Necesitamos políticas públicas que ayuden a paliar las consecuencias, compensando los desequilibrios que se generan y promoviendo la igualdad de oportunidades y aquí tenemos que hablar de prestaciones asistenciales, sanidad, becas, renta garantizada, indemnizaciones por despido, pensiones alimenticias entre ex cónyuges, etc.

Pero también políticas y marcos regulatorios justos, que permitan intervenir mejor donde se crea la riqueza, equilibrando el poder de los diferentes agentes sociales para disputar su distribución y garantizar el acceso igualitario de todas las personas a la riqueza social generada, como pueden ser la educación pública, la formación profesional y las políticas activas de empleo, el salario mínimo (y el máximo), el derecho a la negociación colectiva, las políticas de igualdad, las pensiones, la democracia en la empresa, las políticas de acceso a la vivienda, etc.

La crisis ha sido utilizada como excusa para imponer reformas legales y normas fiscales regresivas que han querido debilitar el poder de las organizaciones sindicales de los trabajadores, y de las organizaciones sociales en general, y facilitar el ejercicio del poder unilateral de los empresarios; que han limitado y endurecido las condiciones de acceso a la protección social; que han recortado la provisión de bienes y servicios públicos y limitado la atención a las personas con necesidades especiales; han promovido modelos educativos segregadores; privatizado el acceso a determinados niveles de calidad de la sanidad, etc. Se ha querido así limitar las posibilidades de repartir la riqueza en el momento de su creación y dificultar la capacidad de las políticas públicas para compensar los desequilibrios que se generan.

Por eso el reto que se nos abre es revertir buena parte de las contrarreformas impuestas estos últimos años, empezando por la laboral, y recuperar los niveles de gasto público social para adecuarlos a los estándares propios de un estado del bienestar. Pero también de actuar en la negociación colectiva y la concertación social para establecer nuevas respuestas -equitativas, justas, solidarias- a las necesidades y urgencias que aparecen en el combate contra la desigualdad en un contexto complejo marcado por la digitalización y robotización y la necesidad de hacer frente al cambio climático.

En cualquier caso, hay una profunda reforma fiscal, que establezca un sistema más justo, con respecto a las contribuciones de los diferentes grupos sociales, y suficiente, con respecto a la necesidad recaudatoria de ingresos públicos que doten la necesaria gasto e inversión pública . Es una condición necesaria e inaplazable para hacer frente a los retos sociales, tecnológicos y medioambientales que se vislumbran y que hay que abordar garantizando el progreso social y la igualdad.

Recuperar la credibilidad de la política democrática, del conjunto de instituciones democráticas, pasa por definir objetivos de políticas públicas y de intervención social y sindical que conecten con las demandas reales y den respuestas a los problemas reales. Hay que aumentar el grado de conciencia contra las desigualdades e impulsar nuevos consensos sociales que promuevan la igualdad.

http://ccoo.cat/ceres/comunicacio/butlleti_TreballSocietat/201904_bts/editorial.html