No basta dar pasos que algún día puedan

llevar a la meta, sino que cada paso

debe ser meta, sin dejar de ser paso.

Goethe

Introducción

Ninguna consideración estratégica sobre la trasformación socioeconómica puede abstraerse del efecto tectónico provocado por la pandemia Covid-19, cuya incidencia en el sistema productivo capitalista puede tener un efecto acelerador en los procesos iniciados por la Revolución Digital (RD). La gravedad de la situación, que algunos comparan a la crisis de los años treinta del siglo pasado, se ve potenciada por la retroalimentación del triple shock -sanitario, económico, medioambiental- lo que puede impulsar la transformación de un sistema productivo desbordado e ineficaz frente a este desafío existencial, inédito en la historia de la humanidad. En este inesperado escenario debemos encuadrar la propuesta del Gobierno de acuerdo para la Reconstrucción Social y Económica que se debate en el seno de la comisión parlamentaria creado a tal efecto. Ya desde sus primeras sesiones se evidencia la dificultad de concretar espacios de concurrencia entre intereses tan distintos, muchas veces contrapuestos, y consensuar las medidas sociales y económicas necesarias para la nueva normalidad, por utilizar el feliz oxímoron (continuidad en el cambio). En última instancia, habrá que abordar el espinoso tema de los futuros recortes dado el fuerte endeudamiento, el elevado déficit, y la alta destrucción del empleo.[1] De ahí que el debate no sea tanto recortes si o recortes no, porque salvo una poco probable radical reconsideración del neoliberalismo dominante en la UE, tarde o temprano se nos exigirán, sino sobre recortes dónde y recortes a cambio de qué. Esa es la cuestión, ser o no ser de la negociación.[2]

Y no parece fácil conciliar la perspectiva ultra y neoliberal con las necesidades de la mayoría social, incluso si se acepta que el capitalismo es el único sistema productivo posible. Ya resultó evidente durante la crisis de 2008, donde Merkel impuso el rigor mortis de la austeridad con un aumento dramático de la desigualdad, un incremento notable de las brechas sociales (económica, laboral, digital, etc.), y la extensión del daño medioambiental. Es cierto que los defensores de la ortodoxia económica capitalista perciben el riesgo de aplicar las mismas recetas que en la crisis del 2008, porque los sistemas sociales tienen memoria,[3] lo que reduce las probabilidades de que se repita la historia (salvo como farsa).[4] La FAES de Aznar, hoy el Estado Mayor del PP, lo expresa de manera clara y directa: hay riesgo de que el gobierno de coalición intente un cambio de régimen.[5] Este burdo diagnóstico-alarma tiene la virtud de señalar la zona de conflicto que supone poner sobre la mesa aspectos esenciales que afectan al estatus quo socioeconómico y su sistema distribuido de poder, donde impera la propiedad privada como principio fundamental.[6] Por eso, reducir la acción política al intento de construir una respuesta común con quienes solo aceptan hablar y negociar acuerdos que no pongan en cuestión el capitalismo, pese a sus evidentes disfuncionalidades e injusticias que ya nadie niega, es una clara muestra de ceguera posicional.[7] De ahí que el dilema al que se enfrenta el Gobierno de coalición es si plantearse la Reconstrucción desde los presupuestos neoliberales ya experimentados en la crisis de 2008, o propiciar un gran Pacto de legislatura con las fuerzas sociales y políticas progresistas, incluyendo aquellos partidos independentistas que se reclaman de izquierdas, y donde deben jugar un destacado papel de los sindicatos, ya que sin su participación no será posible implementar las medidas de una salida a la crisis, cuyos principales ejes estratégicos son:

Política de redistribución de rentas, que incluya una fiscalidad más justa y progresiva, que recupere el impuesto sobre el patrimonio y la sucesión, y una renta básica o ingreso mínimo vital garantizado y permanente.

Ampliación de la propiedad social, favoreciendo la democratización en el ámbito de la empresa mediante la participación de los trabajadores en el capital. Una formula podría ser utilizar el dinero público invertido en el rescate de las empresas, creando mecanismos de cogestión y autogestión, como ya existe en otros países europeos.[8]

Consolidación de la dimensión social del Estado, que blinde el Estado de bienestar, impidiendo que los ajustes fiscales se hagan en sus áreas de asistencia y protección social.

Racionalización de la economía, impulsando la digitalización de la actividad productiva y la regulación del mercado sobre bases científicotécnicas, potenciando su reconversión verde, así como la reindustrialización en los sectores estratégicos vinculados al Estado de bienestar.

Objetivos alcanzables que no suponen un cambio régimen, pero crean las condiciones estratégicas para todo proyecto de transformación, que debe basase en las posibilidades creadas en el presente. En realidad, se trata de ampliar el acuerdo entre Unidas Podemos y PSOE, porque las fuerzas progresistas capaces de llevarlo a cabo configuran una mayoría escasa y poco estable, particularmente por la actitud errática de ERC. El Gobierno se encuentra ante una delicada situación que exige visión estratégica y habilidad táctica para sortear los riesgos y aprovechar adecuadamente las oportunidades que ofrece una situación límite. Hay que saber combinar la ambición en los objetivos a medio y largo plazo con la prudencia en el desarrollo del proceso. Para ello es fundamental hacer pedagogía con los hechos. Teniendo en cuenta que el objetivo estratégico es una gradual y pragmática transformación del sistema socioeconómico que conserve todo lo conquistado en los años de lucha y democracia, reforme lo que ha demostrado resultar poco o nada operativo, y genere nuevos espacios para la democracia económica y la propiedad social. Y sin olvidar que, parafraseando al astrofísico británico Arthur Stanley Eddington (1882 -1944), los avances que puedan lograrse son huellas en la playa de lo desconocido. Lo que dicho de manera menos poética es la inevitable consecuencia de los sistemas dotados de un gran número de grados de libertad.

Tener o no tener, esa es la cuestión

El impacto dramático de la pandemia del coronavirus, con su secuela de vidas, empleos y riqueza, no debe hacernos perder de vista que tiene lugar en los inicios de la Era Digital, y que que la Covid-19 está acelerando las grandes mutaciones del sistema socioeconómico capitalista generadas bajo el impacto de la Revolución Digital. Se trata de esos momentos históricos en los que la solución de lo inmediato no puede desvincularse del diseño del futuro. Lo que nos interpela sobre cómo afrontar sus efectos para garantizar la irreversibilidad de las conquistas sociales, laborales y políticas, al tiempo que logramos nuevos espacios de justicia e igualdad. Ello exige actuar sobre las relaciones de propiedad (producción, distribución, financiación, digitalización, información, datos, etc.), modificando las relaciones de poder en que se sustentan, lo que presupone alcanzar la hegemonía ideológica y su expresión política, las mayorías parlamentarias necesarias. Sin olvidar que en una situación en la que los trabajadores serán los principales damnificados de la crisis, y sobre cuyos hombros recaerá los principales esfuerzos para superarla, la actividad sindical necesita transcender el mero papel reivindicativo y actuar también como agente de transformación, conquistando nuevas relaciones de poder en el seno de la empresa que rompan con la actual asimetría en el binomio capital/trabajo mediante la cogestión, y reconfigurando las relaciones de propiedad en la empresa con la participación de los trabajadores en el accionariado (propiedad social) que rompa con la omnipotencia de los accionistas mayoritarios.[9] Solo así podremos combatir eficazmente los efectos negativos generados por el sistema productivo capitalista, optimizando de forma sostenible el desarrollo económico y su justa distribución de la riqueza.[10] Y hacerlo de acuerdo a las condiciones concretas configuradas por la Revolución Digital (RD), y las exigencias de la lucha contra el cambio climático, con el triple objetivo de reducir las desigualdades, cambiar las viejas relaciones de producción, y defender el hábitat natural de nuestra especie, como parte fundamental de la nueva normalidad.[11]

El aspecto nuclear del sistema socioeconómico capitalista es su carácter desigualitario, lo que impide resolver adecuada y eficazmente los graves problemas derivados del triple shock y la creciente digitalización. El resultado es un incremento de las desigualdades que las clásicas políticas socialdemócratas basadas en activas políticas fiscales no han conseguido erradicar.[12] El resultado: países razonablemente ricos, pero gobiernos absurdamente pobres.[13] Por eso, a la hora de encarar una estrategia transformadora en la Era Digital que define las sociedades neopropietaristas del Siglo XXI, resulta fundamental plantearse cómo reconfigurar las actuales relaciones trabajador/empresario, y corregir su grave desequilibrio en favor de la propiedad, incrementado con las reformas laborales, tanto del PSOE (Zapatero) como del PP (Rajoy), que otorgan un poder enorme a los empresarios para adaptarse a los nuevos paradigmas digitales (automatización, robótica inteligente, redes sociales, plataformas, procesamiento de datos, etc.). Esto choca con la sacralización de la propiedad y su armadura ideológica: la creación de riqueza descansa en la empresa privada, con el mercado y la competencia como motores de progreso. Este soporte ideológico del capitalismo se basa en el supuesto de que el esfuerzo individual es la base de la riqueza y causa de la pobreza, por lo tanto de la desigualdad, que sería consecuencia de la naturaleza humana y no del sistema productivo. Pero este esquema argumental, reforzado por el fracaso del llamado socialismo real, se ve socavado por los efectos disruptivos de la automatización, la robotización inteligente, y el cada vez más amplio uso de algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) en todas las actividades productivas, lo que relativiza, cuando no anula, la coartada ideológica del esfuerzo personal.[14] Así, a la desigualdad congénita del capitalismo, y en general de todas las sociedades propietaristas, se añaden la precariedad y la inempleabilidad, entre otras negatividades de la RD.[15] De ahí la constatación apesadumbrada de organismos internacionales, y dirigentes empresariales, ante el incremento de la desigualdad.[16] Como consecuencia de todo ello cada vez está más clara la necesidad de reajustar y readaptar el funcionamiento del capitalismo en sus distintas versiones: reformar, refundar, regular, o embridar, pero siempre dentro de la lógica neopropietarista. La alternativa es cómo superar las relaciones de producción y propiedad del capitalismo para que la adaptación evolutiva del sistema socioeconómico satisfaga las necesidades de la gran mayoría social.

Nuevas herramientas para viejos objetivos

Con la Era Digital la lucha por la igualdad cobra un nuevo impulso. Los avances científicotécnicos, particularmente el uso de la IA en la toma de decisiones, posibilitan la implementación de políticas públicas de planificación económica, la regulación del mercado en base al big data generado por el propio sistema, y una más eficaz gestión empresarial desvinculada de la propiedad. Estas posibilidades son la base material para una estrategia de transformación, más allá del voluntarismo revolucionario alumbrado por la Revolución Industrial.[17] Posibilidades que permiten plantearse la reconfiguración de las relaciones de propiedad de forma que los trabajadores sean agentes decisorios en las nuevas relaciones de producción.[18] Para alcanzar estos objetivos no basta con la acción política ni con acuerdos parlamentarios, aunque sean su base legal e institucional. Es fundamental la participación social, no solo en movilizaciones defensivas y reivindicativas, sino en la propia actividad democrática y económica. En ello juegan un papel determinante la RD y sus procesos de socialización, información, difusión del conocimiento, participación, movilización y coordinación de las redes sociales, utilizadas por más de 4.000 millones de personas en todo el mundo, que pueden ser una poderosa herramienta emancipadora.[19] Sin embargo, esta gigantesca actividad virtual, dominada por unas pocas corporaciones, ofrece aspectos inquietantes: manipulación, fake news, ciberterrorismo, etc. Su uso por organizaciones con capacidad de plantearse objetivos de poder, generalmente inscritos en una perspectiva geopolítica, ya está alterando el juego democrático y propiciando el auge del populismo. Y no solo eso: el dominio tecnológico vinculado a la propiedad empresarial puede llevar al capitalismo de vigilancia,[20] lo que en el ámbito del trabajo supone nuevas formas de control y explotación; por ejemplo, mediante trazabilidad productiva. A su vez, el control de las redes sociales y plataformas ha convertido la actividad privada en una mercancía muy rentable. De ahí que el nuevo horizonte de transformación deba incluir aspectos como la propiedad de los datos generados en la actividad virtual, la garantía ante los sesgos de los algoritmos que inciden en la vida laboral y privada, la protección de la intimidad y la ciberseguridad individual y colectiva, la participación en los beneficios derivados de la actividad en Internet, el acceso libre y gratuito a la red y los datos (open data), etc. cuya reivindicación debería contemplarse en una Carta de Derechos (Bill of Rights) de la Ciudadanía vinculados a la reconfiguración de las relaciones de propiedad.[21]

La centralidad del trabajo

Por otra parte, la pandemia ha puesto de relieve ante la opinión pública el valor social del trabajo como soporte central de la sociedad, reforzando el papel de las organizaciones sindicales, en especial CCOO y UGT. La lucha contra la Covid-19 ha evidenciado la necesidad de los trabajos de atención y cuidado a las personas (cuidatoriado), infravalorados socialmente, y que se han tenido que prestar en condiciones muy precarias. Además, esta función esencial para garantizar la realización de los derechos que conforman la arquitectura del Estado del bienestar está asociada casi absolutamente a los servicios públicos, instituciones y empresas estatales. De ahí que sus déficits estructurales fruto de los recortes y la mala gestión hallan resaltado con brutal nitidez el tremendo desequilibrio de riqueza y de poder económico en nuestro país. La ecuación salud-beneficio siempre se resuelve en favor del este último cuando la gestión y propiedad se deja en manos empresariales y fondos de inversión.

En estas circunstancias el sindicalismo de clase, y especialmente CCOO, tiene la obligación (y la capacidad) de defender en lo inmediato y concreto las condiciones de los millones de personas que verán afectadas gravemente sus condiciones laborales, e incluso de subsistencia, actuando en las empresas e instituciones, tejiendo alianzas sociales y políticas para dar respuesta a lo que ya es una catástrofe social y de paso levantar un muro frente a la posible utilización demagógica de esa situación por la extrema derecha. Y hacerlo con visión estratégica de futuro, participando en la definición de las líneas básicas de la Reconstrucción Social y Económica con el objetivo desarrollar mecanismos de participación y de control de la mayoría de la sociedad sobre el poder económico. Para realizar esta tarea, CCOO cuenta con una gran capacidad organizativa y de intervención social, al tiempo que posee un potencial cultural de valores, ahora revalorizados, como la solidaridad, la continua reivindicación del componente social de la riqueza, la práctica habitual de la cooperación; y un largo aprendizaje en acumular fuerzas y tejer alianzas ante correlaciones de poder adversas.

Para avanzar en la democratización de la economía es necesario revertir el actual autoritarismo empresarial, potenciado por las últimas contrarreformas laborales.[22] Para ello hay que garantizar que la negociación colectiva se desarrolle en condiciones reales de igualdad, acabando con el monopolio del empresario en las decisiones sobre la organización del trabajo. Hay que conseguir que los convenios de sector den cobertura a la totalidad de las personas que viven de su trabajo. Lo que exige su fortalecimiento legal y operativo mediante la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Pero hay que ir más allá e insistir en la reivindicación de la propiedad social de la empresa que reconozca que la aportación del trabajo es esencial para el funcionamiento de la empresa, al menos tanto como la de del capital. En este sentido hay que avanzar decisivamente en la conquista de la cogestión y la participación en el accionariado ya mencionados, y conseguir la participación de los representantes de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas medianas y grandes, con voto y capacidad de decisión. Es cierto que existen algunas experiencias negativas, pero hemos de aprender de ellas impulsando la transparencia informativa y la gestión participativa. Ello nos obligará a elaborar alternativas de gestión propias tanto sobre la empresa como sobre la economía en general, y a hacerlo con la máxima implicación de las secciones sindicales, comités de empresa y conjunto de estructuras sindicales. Con ello se ganará credibilidad y representatividad ante los sectores de trabajadores especializados tanto en el desarrollo de las nuevas tecnologías como en la generación de conocimiento y su aplicación a la empresa, sectores que ahora se escapan a las dinámicas sindicales tradicionales.

Porque ninguna lucha reivindicativa es posible sin tener en cuenta los instrumentos de la RD, desde el punto de vista de la organización, participación, movilización, coordinación, o debate. Las clásicas formas de socialización de los trabajadores van perdiendo centralidad, al tiempo que se difuminan los antaño grandes espacios de concurrencia generados por el fordismo, particularmente en las sociedades de capitalismo desarrollado y globalizado. Las clásicas luchas obreras, mayoritariamente de carácter empresarial, local y sectorial, que tiene su máxima expresión en la huelga, son cada vez más limitadas y poco eficaces en una economía globalizada.[23] Esta disminución de la eficacia y potencialidad de las huelgas, particularmente, las generales, estrecha la capacidad reivindicativa del sindicalismo, forzado en la mayoría de lo casos a jugar su papel negociador en el cada vez más estrecho espacio del ultra y neoliberalismo imperante, además de por las exigencias de la RD. Por eso, tener como base estratégica el presente recordado (Gerald Edelman) reduce el papel del sindicalismo a gestionar la protesta, sin casi margen de maniobra, lo que está suponiendo su paulatino debilitamiento y fragmentación.

Por otra parte, el colectivo cada vez mayor de trabajadores vinculados a la digitalización, con relaciones laborales abiertas, no se sienten representados por el sindicalismo clásico, lo que impide articular una respuesta adecuada y eficaz en temas como la flexibilidad, un factor con el que hay que contar para moldear el futuro. Solo la llamada flexiguridad de los países nórdicos, promovida por la Comisión Europea, se ha planteado encarar el problema, aunque no de manera plenamente satisfactoria al no incidir en las relaciones de propiedad.[24] Por eso, es urgente establecer una nueva modelización del sindicalismo que ofrezca al conjunto de los trabajadores herramientas eficaces en la lucha reivindicativa, inscrita en una estrategia transformadora, para no verse encerrados en la paradoja digital del capitalismo: los avances científicotécnicos de la RD suponen un notable incremento de la productividad y generación de riqueza, pero al enorme coste social de la precariedad laboral, la inseguridad económica, y el incremento de las desigualdades y las brechas (de género, digital, territorial). Una realidad de la que parecen ser más conscientes las grandes corporaciones de la RD que sus principales damnificados.[25]

De ahí que las propuestas concretas de empresa se han de encuadrar en alternativas generales del sindicalismo de clase tanto en el ámbito nacional y supranacional. Ya que se inscriben en un marco macroeconómico en el que se han de optar por decisiones políticas clave tanto sobre la redistribución de la riqueza como sobre el modelo económico y productivo. Especialmente cuando se trata de garantizar el derecho a la vida, que engloba con cada vez más urgencia el equilibrio medioambiental. En este sentido es necesario institucionalizar el reconocimiento no sólo del diálogo social sino de la capacidad específica de propuesta legislativa de las organizaciones sindicales mayoritarias. A nivel europeo habría que plantearse restricciones a la actuación de los lobbys que hoy en día multiplica la capacidad de influencia de las élites económicas.

Resumen

Finalmente lograremos convivir con el virus, pero no es necesario ni deseable hacerlo bajo las reglas y condiciones de un sistema productivo en el que las crisis se resuelven incrementando las desigualdades, profundizando en las brechas socioeconómicas, y alimentando el deterioro medioambiental. Mantener como hasta hoy las relaciones distribuidas de poder vinculadas a las relaciones de propiedad empresarial, que incluye los poderosos instrumentos de la RD (datos, algoritmos, plataformas, redes sociales, etc.) no es una opción. De ahí la necesidad de reconfigurar las relaciones de propiedad para equilibrar las relaciones de poder. Tarea en la que lucha sindical reivindicativa debe dotarse de en una estrategia de transformación, bajo la bandera de la democracia económica, que dote de contenido igualitario a la democracia política. Lo que pasa por la participación institucionalizada de los trabajadores en la gestión mediante la autogestión (pública) y la cogestión (privada), así como su participación en el accionariado de las empresas, que permita establecer un nuevo equilibrio trabajo/capital, en la perspectiva estratégica de la transformación del sistema socioeconómico capitalista. Como ayer en la Gran Recesión, hoy el Gran Confinamiento nos enfrenta a una situación donde la deriva desigualitaria puede acrecentarse o suponer el avance hacia un nuevo modelo de sociedad donde la libertad y la igualdad sean las caras de una misma moneda. Piketty lo llama socialismo participativo.[26]

NOTAS

[1] Las previsiones económicas de la Comisión Europea para España en 2020 describen un panorama desolador: el PIB caerá un 9,2%, el déficit ascenderá al 10,34% del PIB, la deuda subirá al 115,5%, y el paro alcanzará el 19%.

[2] Véase la contundente respuesta de Juan Torres López al fatalismo realista de José Carlos Díez: www.youtube.com/watch?v=e7vmBSQwD2M&feature=youtu.be

[3] El concepto de memoria es fundamental para entender el funcionamiento de los sistemas complejos dinámicos, donde los inputs de salida están modulados por el histórico de los inputs de entrada. Se trata de un requisito adaptativo de supervivencia.

[4] Cada vez son más las voces autorizadas que reclaman una reforma del capitalismo, como Lynn Forester de Rothschild, fundadora de Coalition for Inclusive Capitalism, en Financial Times: Puede y debe encontrarse espacios comunes con los que quieren una reforma completa del capitalismo para hacerlo más sostenible e inclusivo.[4] Ver: Miguel Ángel García Vega, Las grietas del capitalismo obligan a su reinvención (https://elpais.com/economia/2019/10/18/actualidad/1571397259_309335.html)

[5] El catedrático de derecho administrativo Santiago Muñoz Machado dedica un artículo en El País a poner la venda antes de la herida haciéndose eco de supuestos planes de estatalización de la economía bajo influjo del Covid-19.

[6] Un sistema distribuido es un conjunto de instancias o componentes, en este caso económico, políticos, científicotécnicos, mediáticos, culturales, etc. que pese a su distinto grado de autonomía actúan como un único sistema mejorando la tolerancia a fallos.

[7] La ceguera posicional es un fenómeno habitual en ajedrez, sobre todo en principiantes, pero tambien en campeones, cuando uno de los jugadores no ve adecuadamente la posición de las piezas, y por tanto el correcto desarrollo de las jugadas.

[8] En España puede parecer una ensoñación izquierdista, pero existen precedentes, como la ley alemana de 1976 sobre cogestión que contempla la obligación de reservar a los representantes de los trabajadores la mitad de los puestos y de los derechos de voto en los consejos de administración. En Dinamarca y en Noruega, los trabajadores tienen derecho a un tercio de los puestos en empresas con más de 35 y 50, respectivamente. Ver: Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Participación financiera de los trabajadores en Europa (www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1375-2010_ac_es.doc). En todo caso, la propiedad social y la cogestión, tal como se han experimentado hasta hoy (capitalismo renano y escandinavo), no deben considerarse soluciones cerradas ni definitivas ya que son fruto de las luchas sindicales y movilizaciones políticas desarrolladas durante la segunda mitad del siglo XIX y gran parte del siglo XX.

[9] La ley alemana de 1976 sobre cogestión contempla la obligación de reservar a los representantes de los trabajadores la mitad de los puestos y de los derechos de voto en los consejos de administración. Inspirado en el Labour Law Manifesto, el Partido Laborista llevaba en su programa para las últimas elecciones en Gran Bretaña la propuesta de crear fondos de trabajadores con voz propia en los consejos de administración (y acceso a sus correspondientes dividendos) en empresas con más de 250 empleados. En Dinamarca y en Noruega, los trabajadores tienen derecho a un tercio de los puestos en empresas con más de 35 y 50, respectivamente. Ver: Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Participación financiera de los trabajadores en Europa. www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1375-2010_ac_es.doc.

[10] Las sociedades propietaristas nacieron bajo el supuesto ideológico de la emancipación individual, vinculada al acceso universal a la propiedad, y de armonía social, garantizada por el Estado mediante su actividad para reducir las desigualdades. La gran crisis de 2008 mostró sus debilidades y el proceso de digitalización del sistema productivo sus límites dando lugar al neopropietarismo y con el a nuevas tareas vinculadas con el Estado Social y democrático de Derecho y poder político de la mayoría social trabajadora.

[11] El nuevo Estatuto de los Trabajadores puede ser una pieza fundamental para institucionalizar las nuevas relaciones de poder en el seno de la empresa.

[12] Una tributación justa debe basarse en un equilibrio entre tres formas legítimas y complementarias de tributación progresiva: el impuesto sobre la renta progresivo, el impuesto de sucesiones progresivo y el impuesto anual progresivo sobre la propiedad. Piketty. Op.cit. En todo caso, una fiscalidad justa y progresiva solo es factible en espacios globales de decisión que impidan el dumping de otras naciones, como todavía ocurre en la UE.

[13] O, dicho de otra forma, riqueza pública negativa que se corresponde a una situación en la que los propietarios privados poseen, a través de sus activos financieros, no solamente la totalidad de los activos y edificios públicos, por los cuales perciben unos intereses, sino, además, una suerte de derecho al cobro futuro sobre los impuestos pagados por el contribuyente. En otras palabras, el total de propiedades privadas es superior al cien por cien del capital nacional, puesto que los propietarios privados poseen, en cierto modo, a los contribuyentes (o, al menos, a una parte) ... los intereses de la deuda podrían terminar por absorber una parte creciente y potencialmente considerable de la recaudación tributaria. Piketty. Capitalismo e ideología, Deusto 2019.

[14] La caída del sistema soviético ha supuesto la transformación en Rusia en hipercapitalismo cleptocrático; por su parte China ha evolucionado en un capitalismo privado y de Estado conviviendo bajo la dictadura del PCCh.

[15] Cabe destacar la brecha educativa, vital en la terciarización de la economía, y la digital, que afecta a la empleabilidad en la actividad productiva

[16] Ver: Miren Etxezarreta, La preocupación por la desigualdad (https://blogs.publico.es/dominiopblico/30817/la-preocupacion-por-la-desigualdad/ )

[17] Los avances científicotécnicos provocan mutaciones en el sistema socioeconómico que impulsan su evolución. Una evolución que, al contrario de la biológica, no es aleatoria ni azarosa, sino fruto de la propia actividad humana, lo que posibilita su transformación por los sujetos sociales afectados e involucrados.

[18] El hecho de que una parte significativa de la mayoría trabajadora, fundamentalmente clase media y media alta, sea también propietaria (bienes muebles e inmuebles, activos financieros, derechos intelectuales, etc.) exige un nuevo enfoque en la estrategia de reconfiguración democrática del sistema neopropietarista.

[19] Movilizaciones en las primaveras árabes, movimientos como 15 M, Occupy Wall Street, o #MeetToo, etc. Ver: Geoffrey Pleyers. Movimientos sociales en el siglo XXI. Perspectivas y herramientas analíticas. Clacso, 2018. (http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181101011041/Movimientos_sociales_siglo_XXI.pdf)

[20] Shoshana Zuboff. Capitalismo de vigilancia, Paidós 2020.

[21] Ver: Carlos Tuya. El Robot Socialista, Amazon 2019. (págs. 313-3154)

[22] La democratización de la economía en la fase de reactivación o reconstrucción ha de tener en cuenta que el microtamaño dominante en el tejido empresarial, se ha manifestado como una de las grandes debilidades de nuestro modelo económico. Por ello, una política de recuperación progresista debe oponerse, y generar obstáculos efectivos, a la política de externalizaciones de las grandes empresas. Así mismo se debe favorecer la autogestión y la economía social como alternativa a la microempresa y a la figura-trampa del emprendedor. En esta perspectiva no estaría de más tener en cuenta la experiencia de las sociedades anónimas laborales.

[23] Son claros ejemplos la lucha de la plantilla de Alcoa contra el cierre en las plantas de A Coruña, San Cibrao (Lugo) y Avilés; el cierre de la planta en Fuenlabrada de CocaCola; la plantilla de Amazon en San Fernando; plantilla de Airbus en Puerto Real, etc.

[24] Ver: Andranik Tangian, Flexiguridad europea. (www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/viewFile/3102/2728)

[25] El creador del lenguaje computacional Java y exjefe científico de la compañía Sun Microsystems, Bill Joy, pertenece a la minoría que advierte sobre esos alcances y riegos. En su famoso artículo Why the Future doesn’t need us señala: estoy probablemente trabajando en la creación de instrumentos capaces de generar una tecnología que reemplace a nuestra especie. (Wired, abril 2000)

[26] Thomas Piketty. Capital e ideología, Deusto 2019.

22/05/2020