Revista Perspectiva | 26 abril 2024.

Exprópiese esa base de datos

    Cuando se hizo público el acuerdo del INE con las teleoperadoras Telefónica, Orange y Vodafone se puso sobre la mesa el debate de si el Instituto Nacional de Estadística, esto es, el Estado, debía poder tener acceso a nuestros datos –anonimizados–. Y mientras tertulianos y tuiteros debatían, las teleoperadoras usaban nuestros datos –sin anonimizar– sin apenas debate. 

    11/04/2023. Leire Olmeda, doctora en Metodología y patrona de la Fundación de Estudios Críticos (FEC).
    Exprópiese esa base de datos

    Exprópiese esa base de datos

    Parece que hemos dado por hecho que las “nuevas” tecnologías se encuentran al margen de las obligaciones existentes hasta ahora. Aunque los cambios tecnológicos implican cambios –mejoras– en la recopilación de la información, hace ya mucho que en España se contemplan ciertas obligaciones de ofrecer la información al Estado. Por ejemplo, la estadística de hipotecas fue regulada por primera vez en 1954. Entonces, hace casi 70 años que el organismo competente, los registradores de la propiedad en este caso, están obligados a ofrecer la información indicada al Estado para su uso con fines públicos.

    Por el contrario, el Estado no sólo no ha regulado cómo deberían compartir sus datos las teleoperadoras, sino que ha abonado medio millón de euros a estas tres empresas para obtener la información destinada al estudio de movilidad (aunque es justo decir que posteriormente, para el estudio DataCOVID, se dieron los datos gratuitamente).

    A día de hoy contamos con una cantidad ingente de datos y, lo que es más importante, con las herramientas para analizarlos. En muchos casos, son las empresas privadas las que poseen esta información y, también en muchos casos, porque fueron empresas públicas puestas en marcha con inversión pública que, posteriormente, fueron privatizadas. También las herramientas que usan provienen en gran parte de la inversión pública con esfuerzo a nivel mundial.

    El análisis de la información sobre la movilidad desde una perspectiva pública podría resultar de una enorme utilidad a la hora de definir el transporte público. No sólo ajustando los horarios, por ejemplo, sino definiendo nuevos recorridos uniendo ciudades que, sin tener conexión directa en transporte público, sí tienen un continuo flujo de vehículos privados por motivos laborales.

    Incluso, podríamos hilar más fino aún y considerar los horarios en los que se hacen los trayectos. Cierto es que comprobaríamos cómo la tan recurrida conciliación no es más que una posibilidad en algunos sectores y quizá no estamos interesados en verle las costuras al sistema. Además, tendríamos la oportunidad de comprobar la duración de las jornadas laborales, como complemento a los registros de jornada. ¿Existen en algunas zonas geográficas excesos de horas extraordinarias? ¿Son estas horas declaradas? ¿Se está respetando lo regulado en cuanto a los turnos partidos y el tiempo entre las distintas partes de la jornada?

    Avanzar hacia el cumplimiento de la legislación en materia laboral parece un objetivo lícito y suficiente como para que el Estado defienda el acceso a los datos. Sin embargo, la necesidad de que lo público intervenga en esta tecnología no se queda ahí. Según denunció el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades: “Cada vez es mayor la preocupación por la existencia de déficits en la calidad de los datos masivos que se extraen de la red, particularmente sesgos de género que tienen que ver con la baja representación de mujeres y colectivos específicos en dichas bases de datos”. Una correcta representación estadística es necesaria, si no queremos que la sociedad del mañana sea aún más injusta que la sociedad actual, dado que, si tomamos decisiones pensando mayoritariamente en las circunstancias de los hombres, estaremos, muy probablemente, aumentando la brecha. Esta correcta representación estadística, que debe ser un objetivo claro en el ámbito público, no tiene por qué serlo para las empresas privadas. Así, al igual que lo público ha de intervenir para el respeto de la legislación y la reducción de la desigualdad, también habrá de hacerlo para que esta desigualdad no se incremente porque hemos permitido que la información sea manejada por quienes no buscan fines colectivos.

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