Memoria de combate, historia de clase

“La eclosión de la memoria histórica como fenómeno sociopolítico, cultural y mediático es importante e innegable desde hace años o, incluso, algunas décadas. En el contexto actual de ascenso o amenaza de la extrema derecha, tanto a nivel global y europeo como en nuestro país, la memoria democrática deviene un elemento clave de lucha contra los nuevos fascismos, llámense como se llamen“

No es baladí que en los inicios de la eclosión del fenómeno, aunque circunscrito a algunos ámbitos académicos o del movimiento memorial, se planteara la discusión acerca del apellido: ¿memoria histórica o memoria democrática? No entraremos ahora y aquí en el fondo de la cuestión, pero es evidente que el debate llevaba (y lleva aún) aparejada la puesta en valor de la lucha por la democracia frente a modelos totalitarios o dictatoriales. Así quedó plasmado en la pionera Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic -impulsada y aprobada durante el período de gobierno tripartito de izquierdas en la Generalitat de Catalunya- y, definitivamente, 15 años después, en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, impulsada bajo el primer gobierno de coalición de izquierdas en España desde la Segunda República.

La ley de Memoria Democrática vigente en España sustituye a la primera ley popularmente conocida como de memoria histórica, aprobada en 2007, poco después de la ley catalana, bajo el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque entonces, formalmente, el legislador ni tan siquiera se atrevió no ya a adjetivar la norma como democrática, sino a sustanciarla nominalmente como ley de memoria. He aquí el nombre oficial de la ley española del 2007: “Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.

Una década después, cuando muchas comunidades autónomas seguían el ejemplo catalán y se dotaban de normativas memoriales propias, en la Andalucía que por entonces aún no gobernaba el PP con apoyo de Vox se aprobó la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática. Unir ambos adjetivos fue la síntesis final de ese fenómeno y a su vez, con algo de canto del cisne en todo ello, la antesala de la Ley de Memoria Democrática estatal y de la encrucijada actual.

“Son las propias políticas o iniciativas de memoria histórica, en manos de una derecha extrema y una extrema derecha que saben manejarse bien en las guerras culturales, las que pueden volverse en contra de la memoria democrática y de la propia democracia”

Lo que en su momento pudo parecer una simple discusión política nominalista o un complejo debate académico sobre adjetivos, con el tiempo ha adquirido unas connotaciones algo distintas. Cuando la derecha y la extrema derecha gobernantes en varias comunidades autónomas y municipios han empezado no solo a vaciar de contenido las políticas públicas de memoria democrática, por la vía del presupuesto cero, sino a derogar directamente leyes de memoria enteras, como ha sucedido ya en Aragón, lo cierto es que es la propia democracia la que corre el riesgo de ser vaciada de contenido.

“El propio concepto de “leyes de reconciliación” lanzado por Vox significa que la extrema derecha se apropia de un significante, el de la “política de reconciliación nacional”, que en los años 50, en plena posguerra y duro franquismo, el Partido Comunista de España (PCE) usó precisamente para combatir a la dictadura”

Son las propias políticas o iniciativas de memoria histórica, en manos de una derecha extrema y una extrema derecha que saben manejarse bien en las guerras culturales, las que pueden volverse en contra de la memoria democrática y de la propia democracia. Y no ya por las fantasmagóricas “leyes de reconciliación” que propugna la extrema derecha, sino porque se está demostrando, y no solo en España, que se puede hacer con éxito memoria histórica en contra de la democracia... justamente por la dejadez que muchas democracias están haciendo de lo histórico.

El propio concepto de “leyes de reconciliación” lanzado por Vox significa que la extrema derecha se apropia de un significante, el de la “política de reconciliación nacional”, que en los años 50, en plena posguerra y duro franquismo, el Partido Comunista de España (PCE) usó precisamente para combatir a la dictadura. Con esa política de reconciliación se supieron ganar los comunistas, poco a poco y con esforzado y sacrificado trabajo clandestino, así como con presencia pública en la sociedad mediante el movimiento obrero que alumbró a las Comisiones Obreras, simpatías sociales y la hegemonía suficiente como para poder asegurar la democracia. No la República ni el socialismo, pero sí la democracia.

A saber: Franco murió en la cama, pero el franquismo fue derrotado en la calle, en las fábricas y en los barrios e, incluso, en algunas iglesias. A la luz del Concilio Vaticano II, y pese al nacionalcatolicismo imperante, una parte minoritaria pero significativa de la Iglesia, o cuando menos el cristianismo de base, supo encajar o entender bien la idea de reconciliación nacional lanzada por la principal fuerza opositora a la dictadura, los comunistas. Sucedió algo parecido con la noción de clase y de compromiso social emanada de ellos pero también de la llamada doctrina social de la Iglesia. Ello contribuyó, a su vez, en pleno desarrollismo de los años 60 y 70, a legitimar la política unitaria o inclusiva con la que el PCE y el PSUC, sobre todo en Cataluña, acompañaron la acción opositora firme de la izquierda hegemónica y del movimiento obrero organizado en las Comisiones Obreras, claves en la articulación de la conflictividad social con la que se combatió al franquismo y se dio a luz a la democracia. 

“A saber: Franco murió en la cama, pero el franquismo fue derrotado en la calle, en las fábricas y en los barrios e, incluso, en algunas iglesias”

El problema es que esta historia, a casi medio siglo de la muerte del dictador y en un mundo que culturalmente ha cambiado muchísimo, no se explica bien, o directamente no se explica, en nuestras escuelas e institutos. Tampoco suele salir bien reflejada, o directamente no aparece, en nuestros medios de comunicación. Pese (o debido) a un sinfín de leyes orgánicas, autonómicas y normativas sobre el sistema educativo y su despliegue curricular, lo cierto es que, hoy como ayer, en las clases de historia que nuestra juventud recibe en secundaria y bachillerato difícilmente se llega o se sobrepasa cronológicamente a la guerra civil y a la segunda guerra mundial. Sea como fuere, en lo que a temario se refiere, casi nunca se explica con tiempo, y menos aún con rigor y precisión, qué significó la dictadura y cómo llegó realmente la democracia.

Este déficit que cabe tildar ya de endémico no lo suple ni el buen nivel de investigación y docencia universitaria en Historia que hay en la mayoría de nuestras facultades ni, mucho menos, el poso de años dedicados a fomentar mediáticamente un relato emanado de productos periodísticos a lo Victoria Prego y de series televisivas al estilo Cuéntame. Tampoco cubre ese déficit de conocimiento el éxito relativo del libro histórico, más novela que ensayo. Máxime cuando en el mundo editorial de un país que lee poco resulta que, junto a autores de éxito y temática más o menos memorial y diversa como Javier Cercas, Almudena Grandes o Ramiro Pinilla, existe además un público para nada desdeñable que abraza el revisionismo histórico de Pío Moa. En resumidas cuentas: no solo tenemos un problema con la memoria democrática, sino que también lo tenemos (e incluso más gordo) con el conocimiento histórico. Con la historia misma, vaya.

Esta es la madre del cordero. Y lo sitúa perfectamente una película reciente y modesta que, para sorpresa de propios y extraños, ha tenido muy buena acogida en los cines, sobrepasando en pocos meses los 200.000 espectadores en toda España. Se trata de El maestro que prometió el mar, de la directora catalana Patricia Font y basada en una historia real que el periodista Francesc Escribano, a su vez productor del filme, puso primero por escrito en un libro. En parte similar a otra película mítica de los inicios del boom de la memoria histórica como fue La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda -con guión de Rafael Azcona a partir de unos relatos, en este caso de ficción, del escritor gallego Manuel Rivas-, El maestro que prometió el mar sirve perfectamente como metáfora del momento actual. A saber: lo memorial vende, máxime cuando hay exhumación de fosas de por medio, pero donde está el verdadero potencial antifascista es en la escuela, en el trabajo que se haga con las generaciones de futuro. 

“Sin historia en clase, y que incluya la historia de clase, es imposible plantear en condiciones el combate de la memoria democrática”

Sin historia en clase, y que incluya la historia de clase, es imposible plantear en condiciones el combate de la memoria democrática. Aquí o en el conjunto de Europa. Sirva de ejemplo lo que relató el presidente de la Associació Catalana de Persones Ex-Preses Polítiques del Franquisme, el sindicalista Carles Vallejo, el 18 de febrero de este 2024 en el homenaje anual en Barcelona a los hombres y mujeres del PSUC muertos en la lucha contra el franquismo. Recién llegado de Hungría, donde la Federación Internacional de Resistentes conmemoró el 79 aniversario de la liberación de Budapest del nazismo, Vallejo denunció que el gobierno ultraderechista de Viktor Orban no tuvo reparo en autorizar y tolerar el mismo día una manifestación de exaltación de las SS. Esa marcha o los cánticos brazo en alto que se permiten en la Italia de Georgia Meloni y en la española calle de Ferraz en contra de Pedro Sánchez, ¿no serían mucho más impensables de haberse dado al conocimiento histórico el papel social y educativo que se merece, más allá de las políticas memoriales?

Mientras en las grandes universidades norteamericanas, muchas de ellas privadas, se apuesta por la enseñanza de la historia más allá incluso de las disciplinas de ciencias sociales porque se entiende que es una materia clave para entender y desenvolverse en el mundo actual y en el que vendrá, en nuestro país se reduce su peso en el sistema educativo. Y no digamos ya en el ecosistema comunicativo y de redes sociales, dominado por tertulianos o influencers que raramente son historiadores y que a veces solo tienen de periodistas o de politólogos el título. Eso sí, tan pronto pontifican sobre tendencias sociopolíticas o económicas y momentos o acontecimientos históricos como del último grito, resultado, tuit o reel deportivo, tecnológico, musical, audiovisual o de lo que se tercie.

Quizá ha llegado el momento de readjetivar la memoria democrática como memoria histórica. No para enmendar la plana a ningún debate o conclusiones de fondo en las que, a buen seguro, hay que seguir ahondando. Lo tenemos claro: la memoria no es lo mismo que la historia. La memoria tiene mucha fuerza y es sobre todo sentimental, es plural y la hacemos o construimos todas y todos; la historia también, aunque la suelen escribir los vencedores. Pero la Historia, con rigor y mayúsculas, basada en hechos y documentos, es una, aunque puede ser interpretada de distintas formas, y también tiene fuerza en tanto que aproximación a la verdad. Con recursos hoy insuficientes y acceso a todos los archivos y fuentes documentales que tampoco se da en España, es a los historiadores y, por extensión, a las ciencias sociales, a quienes compete estudiar, investigar, analizar, enseñar y divulgar la Historia. En clase, de clase y con clase. Porque la Historia es imprescindible para poder usar bien la memoria como herramienta de combate por y para la democracia.